La Corte Constitucional acaba de seleccionar para su revisión la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto en contra de la decisión que tomó, en noviembre de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno.

En este caso, el expediente T-8.170.363 le correspondió por reparto al magistrado Alejandro Linares Cantillo. De igual manera, tanto la Procuraduría como otros dos magistrados insistieron en que era necesario revisar dicha tutela, por tratarse de un asunto novedoso desde el punto de vista judicial.

Cabe recordar que fue en su momento el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá el que declaró formalmente imputado al expresidente. Desde ese momento, empezaron a correr los términos para que la Fiscalía determinara si lo llamaba a juicio o le archivaba el caso por presunto fraude procesal y soborno. Lo que ocurrió después es que la Fiscalía hizo la solicitud de preclusión del expediente del caso.

”El caso de la referencia resulta de trascendencia nacional, ya que la inexistencia de un precedente claro sobre las reglas procesales aplicables, tratándose del juzgamiento de congresistas cuando renuncian a su investidura, no solo origina un escenario complejo para el respeto de las garantías procesales de los parlamentarios, sino también genera en la sociedad”, se lee en el documento enviado por la procuradora Margarita Cabello.

La insistencia para que se revisara la tutela la presentaron los magistrados Jorge Ibáñez y José Fernando Reyes. Por ejemplo, este último señaló que: “Los hechos relatados permitirán a esta corporación determinar, a la luz de los mandatos constitucionales, si la indagatoria de la Ley 600 de 2000 es equiparable o equivalente a la formulación de imputación de cargos de la Ley 906 de 2004″.

En el documento que fue enviado al magistrado Alejandro Linares por parte de la defensa del expresidente Uribe, se lee: “Con esta situación y sin mayor respaldo argumentativo, la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no entró a valorar el pedimento solicitado por este apoderado, ya que incurrió en una petición de principio al resolver la acción de tutela (que consistía en justamente debatir que el doctor Álvaro Uribe había sido imputado) sobre el fundamento [de] que en virtud de la decisión atacada y cuestionada, ya se había formulado imputación de cargos en contra de mi representado”.

Algunos analistas como el abogado penalista, Óscar Sierra, señala: “Se trata de un asunto muy polémico. ¿Se puede asemejar una indagatoria a una imputación de cargos para el expresidente Álvaro Uribe o cualquier ciudadano que sea procesado por la comisión de unos presuntos delitos?, yo creo que esa asimilación no es posible, la indagatoria tienes unas reglas y la imputación otras, unas finalidad muy distintas una y otra y unos controles muy distintos al interior del proceso”.

Y agrega: “De cara al caso concreto, vemos que la indagatoria del expresidente no tiene unos hechos jurídicamente relevantes claros y definidos a partir de los cuales se pueda garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, sumado a que el titular de la acción penal, es decir la Fiscalía, consideró que imputación no había y no puede otro funcionario judicial usurpar esas funciones que constitucionalmente y legalmente solo están asignadas a la fiscalía”.

SEMANA conversó con la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre los recientes rounds judiciales que ha ganado en su caso, en medio de la investigación por presunto fraude procesal y soborno, cuya audiencia será los días 22 y 23 de julio, y de ser necesario, el 26 de julio.

El abogado Jaime Granados, en diálogo con SEMANA, precisó: “La administración de justicia no ha caído en el juego de dilatar y de entrar en múltiples situaciones que hubieran generado en un descrédito. Por el contrario, diferentes jueces, tanto la jueza de conocimiento como el tribunal superior de Bogotá, incluso la Corte, han negado cualquier posibilidad de que se pretenda sabotear la audiencia prevista para finales de julio, en donde finalmente la Fiscalía podrá hacer su postulación de preclusión en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe”.

El abogado Granados explicó también en días pasados que, ese día, la opinión pública “podrá conocer los argumentos de todas las partes, y al final se dará un pronunciamiento de la justicia”.