Los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, en representación del expresidente Álvaro Uribe, radicaron una denuncia contra el magistrado Alejandro Linares ante la Comisión de Acusación, por haber admitido que Juan Manuel Santos llamó a varios magistrados de la Corte Constitucional en el estudio de la tutela de su caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Cabe recordar que, en una decisión muy polémica y criticada por varios sectores, la Corte Constitucional concluyó que la indagatoria realizada en la Corte Suprema de Justicia (bajo la Ley 600 de 2000) se equipara con una imputación de cargos (en la Ley 906 de 2004).
La defensa del expresidente buscaba que le fuera retirada la condición de imputado y, de este modo, se abría la puerta para pedir el cierre definitivo. Perdieron el round pero ahora van a buscar dar la pelea.
La denuncia, en SEMANA, señala que en “su condición de magistrado de la Corte Constitucional y ponente de la acción de tutela presentada por el expresidente Uribe, discutida por la Corporación, omitió dar cuenta a la autoridad correspondiente sobre la presunta comisión de conductas punibles investigables de oficio, al parecer ejecutadas por parte del expresidente Juan Manuel Santos”.
Y agrega: “Teniendo en cuenta que, según lo ha manifestado el propio doctor Linares Cantillo en varios medios de comunicación, durante la discusión de la decisión de tutela tuvo conocimiento acerca de la indebida comunicación por parte del ciudadano Juan Manuel Santos con algunos de los miembros del alto tribunal, a efectos de abordar a los magistrados de la Corte Constitucional, con el presunto pero obvio propósito de que fallaran en contra de la acción de tutela de nuestro poderdante”.
Es decir, lo que cuestiona la defensa del expresidente Uribe es que si Linares tenía conocimiento de presunta injerencia del expresidente Santos, no denunció dichas conductas ante la instancia respectiva.
Señala otro aparte de la denuncia conocida en primicia por SEMANA, que es de público conocimiento “la enemistad existente entre Santos y el expresidente Uribe, cuya situación jurídica estaba siendo sometida a discusión por parte del Alto Tribunal”.
Los abogados Lombana y Granados consideran, en este caso, que cualquier comunicación, llamada o intervención de Santos para presionar la voluntad de uno o varios magistrados ha debido denunciarse, “evitando que la discusión jurídica estuviera contaminada de ese odio malsano, especialmente si se tiene en cuenta que Santos postuló y ayudó a elegir a algunos de esos magistrados, siendo necesario mencionar la amistad cercana del magistrado Linares con Santos”.
Por ahora, lo que viene en el Caso Uribe es que se debe continuar con la audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes, quien ya expuso argumentos como pruebas manipuladas, testigos falsos y hasta un posible complot de la Fiscalía en la era de Eduardo Montealegre para incriminar a Uribe.