Todo está listo para que este martes, a partir de las 8:00 a. m., se instale la audiencia en la cual la jueza 41 de conocimiento de Bogotá definirá si acepta o no la petición presentada por la Fiscalía General para prescribir la investigación que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Después de un mes de analizar todas las intervenciones de los sujetos procesales (procurador, víctimas reconocidas, abogados del expresidente Uribe y del mismo exmandatario) la funcionaria judicial definirá si la petición del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, tiene sustento o, si por el contrario, deja en firme la investigación.
Debido a la cantidad de intervenciones, y la complejidad del caso, la jueza se tomará dos días para presentar su detallada intervención. Por su parte, el procurador y los abogados de Uribe pidieron avalar la solicitud de preclusión por falta de pruebas; sin embargo, el exfiscal general, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; el senador Iván Cepeda, y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve (el exparamilitar considerado el testigo estrella) pidieron que se rechace la solicitud y que el exmandatario sea llamado a juicio.
La petición de la Fiscalía
La Fiscalía hizo la solicitud de preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por la presunta manipulación de testigos y el intento por presionar o cambiar las declaraciones en la investigación que se le adelantó al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia y que derivó en una medida de aseguramiento.
En criterio de la Fiscalía, no existen las pruebas o evidencias suficientes que vinculen al expresidente Álvaro Uribe con los hechos que fueron materia de investigación. Hubo atipicidad de la conducta. En otras palabras, que si ocurrió algún evento de resorte penal, no fue precisamente el exmandatario el responsable.
En su intervención, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el proceso en su contra es un evento político y quedó demostrado con las declaraciones que se conocieron a lo largo de la investigación. Además, que en la Corte Suprema de Justicia se interceptaron las comunicaciones de manera arbitraria y aun así no encontraron evidencias que lo vincularon en las supuestas presiones.
“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, señaló el expresidente.
Otra evidencia de que su proceso fue un escenario político para atacar directamente a la persona de Álvaro Uribe estaría en los comentarios que circularon en diferentes entidades con la advertencia de que sería privado de la libertad. Dice el exmandatario que se lo escuchó a diferentes funcionarios, incluso magistrados que luego negaron los rumores.
“Cómo coincide ese interés político, cómo arman las historias judiciales basadas en el interés político de mi persona. Tendré que remitir esta audiencia a lo que está en un documento público sobre lo que dijo el padre De Roux en la Comisión de la Verdad, lo digo con respeto, pero yo no legítimo esa Comisión porque violó el resultado en plebiscito, montaron esa campaña”, explicó el exmandatario.
Al cierre de esta jornada de audiencia, donde el expresidente hizo una larga exposición de por qué considera este proceso un atentado político en su contra, la juez firmó una decisión en la que se abstuvo de ordenar investigaciones en contra de Álvaro Uribe y el abogado Miguel Ángel del Río, por las diferentes declaraciones que han entregado a los medios de comunicación.