La tercera es la vencida, o por lo menos lo es la decisión que se tendrá que tomar en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. El ente acusador reasignó la investigación contra el exmandatario, que hace unos días regresó con un fracaso en el Tribunal Superior de Bogotá.
En adelante, quien tendrá la mediática tarea de revisar el proceso, las actuaciones, las diligencias y tomar las pruebas, será el fiscal Andrés Palencia, también delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Será el fiscal el responsable de una decisión trascendental: insistir en la preclusión o llevar a juicio al exmandatario.
La decisión, que resulta de mero trámite, surge tras la decisión del Tribunal de Bogotá, que le negó a la Fiscalía, por segunda vez, la solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente Uribe. El Tribunal fue contundente al señalar que el ente acusador no logró probar, con certeza suficiente, que agotó todos los medios de prueba para demostrar la necesidad de precluir la investigación.
“Los elementos materiales de prueba no permiten concluir con el nivel de conocimiento suficiente que el hecho investigado es atípico, sin tal claridad no es posible revocar la decisión de primer grado”, explicó el magistrado, al dar a conocer la decisión tomada por la sala del Tribunal.
La consecuencia de la decisión del Tribunal de Bogotá tiene dos caminos para la Fiscalía, insistir en la solicitud de preclusión, presentarla por tercera vez o, por el contrario, completar el llamado a juicio, acusar al expresidente y buscar una condena en su contra. Esta última opción, para algunos expertos penalistas, resulta contradictoria, es obligar a la Fiscalía a buscar una condena en un caso del que no considera responsabilidad.
“Un juez no puede ordenar a la Fiscalía acusar, se trataría de una inaceptable intromisión de los roles que cada parte asume en el sistema penal colombiano. También sería una forma de lesionar el principio acusatorio sobre el cual se construyó el modelo procesal vigente, de lo que se concluye que el acto de acusar es, como lo ha denominado la justicia especializada, un monopolio exclusivo del Estado, delegado a la Fiscalía”, señaló el magistrado.
En la misma decisión, el Tribunal de Bogotá le advirtió al exfiscal Eduardo Montealegre que no es él, ni otra parte en el proceso, el llamado a obligar a la Fiscalía a presentar el escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe, pues se trata de una función que está en el “monopolio” del ente acusador y, por tanto, es el fiscal a cargo del proceso el que tomará la determinación.
“De lo que se concluye que el acto de acusar es, como lo ha denominado la doctrina especializada, un monopolio exclusivo del Estado, delegado a la Fiscalía. Por ello, ni en la ley vigente, ni en las discusiones del proyecto de la Ley 906 de 2004, o en el derecho comparado, como tampoco en la jurisprudencia, se ha admitido una propuesta como la sugerida por el interviniente”, insistió el magistrado en la decisión.
El fiscal Palencia se convierte entonces en el tercer funcionario, en la Fiscalía, que asume como líder de la investigación contra el expresidente Uribe, como responsable de definir el futuro judicial del exmandatario, seguramente en la última etapa de la administración del fiscal Francisco Barbosa. En todo caso, el calendario empieza a correr y el fiscal Palencia tiene menos de 90 días para concluir su propuesta.