El próximo 27 de abril es una flecha clave para el Caso Uribe. Una de las investigaciones más voluminosas de los últimos años en materia judicial en Colombia está a pocos días de tener una decisión definitiva por parte de la justicia.
Y es que, precisamente, el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá fue el que fijó para el 27 de abril la audiencia en la que se definirá si se cierra o no el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y estafa en actuación penal.
¿Qué pasará ese día?
Ese día, la jueza 28 podrá decir si precluye o no la investigación contra Uribe, quien en la audiencia más reciente expuso sus argumentos sobre este tema. Allí fue interrumpido varias veces por la juez que le pedía limitarse a exponer sus argumentos de defensa.
“Me han hecho un daño reputacional, político y contra mi libertad enorme”, aseguró el exmandatario al reseñar que pese a toda la evidencia que le presentó a la Corte Suprema de Justicia en su indagatoria en octubre de 2019 fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y vinculado formalmente a un proceso penal.
Uribe indicó que la única orden que les dio a sus abogados fue buscar la verdad y corroborar las versiones que indicaban que varios testigos que lo habían acusado a él y a su hermano Santiago de ayudar a fundar y fomentar los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia querían retractarse, debido a que “habían sido presionados por el senador Iván Cepeda para que hicieran estas declaraciones todo a cambio de beneficios jurídicos y económicos”.
“Yo nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido de que el senador Cepeda estaba buscando a testigos, ofreciéndoles beneficios para que acusaran a mi hermano o a mí”, declaró el expresidente. Su extensa intervención sufrió varias interrupciones puesto que para la jueza se estaba hablando de temas que no hacían referencia a lo mencionado por la Fiscalía General en su petición.
El exjefe de Estado (2002-2010) indicó que lo único que ha buscado es que se sepa toda la verdad y se le respete su honra y buen nombre, anunciando que en todos sus años de vida pública jamás se le ha podido demostrar ninguna irregularidad o acción contraría al Derecho.
En su intervención pidió excusas por algunas palabras soeces y de grueso calibre que utilizó contra algunos de sus colaboradores, abogados y personas cercanas, pero pidió que lo entendieran debido a la situación que estaba viviendo.
La jueza tendrá en esa audiencia que definir si avala la petición de la Fiscalía (coadyuvada por la Procuraduría y los abogados del expresidente) para archivar el caso o si reconoce lo solicitado por las víctimas para que el exmandatario sea llamado a juicio. Sea cual sea la decisión, alguna de las dos partes podrá presentar el recurso de apelación, el cual tendrá que ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Expertos consultados por SEMANA coinciden en que es muy probable que, sea cual sea la decisión, exista apelación y el caso con seguridad llegaría a la máxima instancia: la Corte Constitucional.
Recientemente, el caso tuvo, al menos para el expresidente Uribe, un revés. La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, en unanimidad, ratificar la decisión de tutela con la cual mantuvo a finales de 2021 la calidad de imputado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado por presunto fraude procesal y soborno.
El alto tribunal negó un recurso de nulidad presentado por la defensa del exmandatario y exsenador, mediante el cual señalaba que en el proceso de discusión de la mencionada tutela se presentaron “violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial”.