Para este miércoles, 16 de octubre, está programada la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta participación y responsabilidad en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
En la diligencia, se espera la intervención de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá frente a las solicitudes de la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de las víctimas ante las pruebas solicitadas para ser tenidas en cuenta en el juicio.
La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, pidió no tener en cuenta las 28 interceptaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía General en la que se registraron las conversaciones entre el expresidente y varias personas de su familia, así como con el representante a la Cámara Nilton Córdoba y el abogado Diego Cadena.
Esto, por considerar que fueron recolectadas de manera totalmente ilegal por parte de la Corte Suprema de Justicia que, pese a que reconoció que se trataba de un error, no suspendió las interceptaciones al abonado telefónico del exmandatario.
Como si fuera poco, en estas acciones se habría vulnerado el secreto profesional que existe, y el cual está plenamente protegido por la Constitución y la ley, entre abogado y cliente.
La diligencia se reanuda mientras se espera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá frente a la tutela presentada por el expresidente, en la que se pide la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa.
La relación entre Uribe y Cadena
Uno de los puntos centrales de las audiencias celebradas las semana pasada tuvo relación con el vínculo profesional entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La fiscal del caso, Marlene Orjuela, aseguró que no se vulneró en ningún “secreto profesional” puesto que Diego Cadena nunca hizo parte de los apoderados del expresidente.
“A ese pull de abogados de la defensa no pertenece ni perteneció el abogado Cadena Ramírez. Las interceptaciones telefónicas jamás establecieron que se trataran de comunicaciones entre un acusado investigado y su defensor”, señaló la fiscal del caso.
Sin embargo, tanto el abogado Jaime Granados como el delegado del Ministerio Público sostuvieron que estas interceptaciones iban en contra de la Constitución Política y la ley.
Igualmente, advirtió que se actuó de forma muy lenta para cancelar la orden que permitió interceptar las comunicaciones del exmandatario, pese a que los investigadores de la Corte Suprema advirtieron que la línea interceptada no era la del excongresista Nilton Córdoba, a quien se le investigaba por el ‘cartel de la toga’.
Por su parte, en una corta intervención, el expresidente Uribe negó que le hubiera dado órdenes al abogado Diego Cadena para que presionara o buscara por fuera de la ley que un grupo de exparamilitares que habían hecho todo tipo de acusaciones en su contra se retractaran.
“Yo no mandé al doctor Cadena a buscar testigos falsos a comprarlos contra el doctor Iván Cepeda. Yo lo mandé, simplemente como abogado investigador en mi defensa, a verificar las informaciones que a mí me llegaban”, aseguró el exmandatario.
Pese a que desde el 2011 venía siendo señalado por Juan Guillermo Monsalve de haber promovido la creación de grupos de autodefensa en el municipio de Yarumal, Antioquia, no fue hasta el año 2018 que le llegó una información de que Monsalve quería retractarse, por lo que le pidió al abogado Diego Cadena revisar esta situación.
“En todos los casos, yo no actué por iniciativa propia, yo simplemente envié al doctor Cadena a verificar esas informaciones que eran casi que del mismo formato: ‘Me visitó el doctor Cepeda, me ofreció beneficios para que lo acusáramos a usted en la cárcel de Medellín, en la de Cómbita’”, añadió.