La Procuraduría General le pidió a la jueza 41 de conocimiento de Bogotá avalar la petición de la Fiscalía General para archivar la investigación a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Tras retomar su argumentación, el procurador Esiquio Sánchez aseguró que se cumple con todos los requisitos para que se emita la preclusión.
“Es nula la intervención de Álvaro Uribe en este evento,”, explicó el procurador del caso al hacer mención de que nunca se demostró que el exmandatario hubiera dado órdenes directas para presionar a testigos para que cambiaran o modificaran la versión que le habían dado a la Corte Suprema de Justicia. “Considera este agente del Ministerio Público que están dados los presupuestos, queda claro que no se configura el tipo objetivo de estos delitos. Entonces, no queda otra justificación, razón o motivo que acompañar la postura de la Fiscalía General”.
En su intervención, el procurador Sánchez manifestó que los testigos y las pruebas documentales dan cuenta de que el expresidente solamente les pidió a sus abogados que confirmaran una investigación que le había llegado sobre un grupo de personas privadas de la libertad que querían retractarse de los señalamientos que habían hecho en su contra y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, de tener vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
“Los procesos penales no pueden permanecer ni perdurar eternamente y aquí, siendo un evento que no tiene la relevancia ni la importancia, no hay motivo para que no se acceda a la solicitud de la Fiscalía. No podemos permanecer en estos eventos que no tienen la relevancia jurídico-penal para seguir desgastándose en ello”, precisó el representante del organismo de control disciplinario.
Para el procurador, este caso ha sido impulsado por los medios de comunicación y las redes sociales. “Acá no hay una llamada, no hay un testigo que diga Álvaro Uribe Vélez me citó en su casa, me dijo ‘vaya y mienta’, no hay una llamada interceptada en la que se escuche a Álvaro Uribe haciéndole promesas remuneratorias a alguien para que calle o distorsione la verdad. No existe”.
En su argumentación, citó incluso las conclusiones a las que llegó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la hora de dictar la medida de aseguramiento contra el exmandatario en agosto de 2020 que le restó validez a varias de las declaraciones a las que hicieron mención los representantes de víctimas a la hora de rechazar la solicitud de archivo. “La misma Corte determina que no existen pruebas que la lleven al convencimiento de la participación de Álvaro Uribe para configurar esos dos relatos, de los que tanto hemos venido hablando, como lo son soborno en actuación penal y fraude procesal”.
Partiendo de la premisa que no existió una corroboración de los señalamientos que se hicieron contra el exmandatario de ordenar la presión a los testigos para que firmaran una rectificación de sus declaraciones y jamás se puso de presente una evidencia notoria para concluir que planeó el ofrecimiento de beneficios judiciales o económicos para lograr su cometido, el procurador indicó que la única salida viable es el archivo del caos.
“No hay otra solución, su señoría, que en la línea que el proceso penal no debe investigarse eterna y permanentemente toda la vida, considera el Ministerio Público que no se dan los elementos para la formulación o presentación de un escrito de acusación, y en este sentido, es viable que se acceda a la petición de preclusión que hace la Fiscalía General”, concluyó. También hizo mención a que en “las muchas” interceptaciones que se hicieron se logró evidenciar la participación directa o indirecta de Uribe en los hechos materia de investigación.
Después de esta intervención, el turno será para los abogados del expresidente, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana. Finalmente, intervendrá el exmandatario. Con estos argumentos, la jueza de conocimiento deberá definir si avala o no la petición presentada el 1 de agosto de 2022 por el fiscal delegado ante la Corte, Javier Cárdenas, que considera que no existen pruebas documentales o testimoniales contra Uribe.