El proceso en que está envuelto el expresidente Álvaro Uribe es una caja de sorpresas. Se esperaba que la audiencia de petición de libertad fuera una exposición plena de sus abogados contra la medida que lo tiene hace mes y medio en casa por cárcel, pero estos casi no pudieron hablar. Y ahora el caso está ante un panorama cargado de incertidumbre.
La audiencia tuvo lugar el miércoles por teleconferencia. Y los defensores del expresidente, Jaime Granados y Jaime Lombana, se sorprendieron al encontrar al ex fiscal general Eduardo Montealegre y a su coequipero Jorge Perdomo, antiguos uribistas y ahora enemigos acérrimos del exmandatario. Como se sabe, Uribe renunció al Senado luego de que la corte le impuso casa por cárcel, y al declinar su fuero logró salir del ámbito de los magistrados. Así, su caso pasó a instancias de la Fiscalía y los jueces ordinarios.
En los famosos 1.600 folios de resolución de situación jurídica, los magistrados relacionaron una serie de testimonios calificados de “falaces”. Entre esos, el de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, condenada por nexos con paramilitares, y el del extraditado Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra. Estos aseguraron que Montealegre y Perdomo, desde la cúpula del búnker, inventaron procesos para perseguir a Uribe. Como la corte dijo que esas versiones eran fabricadas, ahora Montealegre y Perdomo alegan estar en la misma situación de Iván Cepeda, es decir, ser víctimas de los supuestos montajes de Uribe. Con ese argumento los admitieron en la audiencia.
En la segunda gran sorpresa, la jueza de garantías le dio la palabra primero a Reinaldo Villalba, el abogado de Cepeda. Y este no la desaprovechó. El jurista argumentó que, ya que el caso provenía de la corte en la que se tramitó bajo la Ley 600, esto último debía mantenerse, pues el cambio de ente instructor no implicaba cambiar el marco normativo. El quid del asunto es que en el sistema penal acusatorio (Ley 906, que rige a la Fiscalía y a los jueces ordinarios) no puede haber medida de aseguramiento sin imputación previa. Y Uribe está detenido sin ese requisito.
La defensa de Cepeda supone que, si el caso migra a la Ley 906, la detención se caería por efecto dominó. Por eso, insiste en que el expediente siga en la Ley 600 a fin de mantener las decisiones tomadas por la corte, en la que no hay intervención de jueces mientras no quede en firme la acusación o la preclusión de la Fiscalía. Con ese entendido, el abogado Villalba le pidió a la jueza de garantías declararse incompetente.
Montealegre respaldó ese planteamiento y para ello tuvo que hacer un ejercicio de contorsionista, pues en 2000, cuando comenzó el sistema penal acusatorio, él era viceprocurador y abanderado del nuevo modelo judicial. Granados, a su turno, le recordó eso y solicitó a la jueza rechazar la petición para dar paso al debate sobre la libertad de Uribe. La Fiscalía y la Procuraduría coincidieron con la defensa de Uribe en cuanto a que el marco normativo debe ser la Ley 906. Pero la jueza dijo que debe analizar los argumentos y resolver el dilema, así que suspendió la diligencia hasta el próximo martes.
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Lo más seguro, y lo que corresponde, es que la togada concluya que el caso debe seguir en el sistema penal acusatorio. Pero como abrió un debate formal en audiencia, quien quede inconforme con su decisión podrá apelarla. Y no es claro si el caso se congela o puede continuar mientras una segunda instancia se pronuncia. Algunos penalistas consideran que el problema no tendría precedentes, y, por tanto, la Corte Suprema tendría la última palabra. Eso implicaría varias semanas para que la defensa de Uribe pueda exponer sus argumentos para pedir su libertad.