El abogado Martín Emilio Riascos presentó su renuncia para seguir representando a John Poulos, el principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios. En su intervención, manifestó que desde el pasado miércoles 25 de enero empezó a recibir mensajes amenazantes en sus redes sociales y un número extraño de llamadas a su teléfono celular.
Debido a este riesgo, el jurista manifestó que prefiere dar un paso al costado. “De manera personal, en mis redes sociales, por llamadas telefónicas y por todas las vías he recibido amenazas, tanto así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas”.
El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, emitió un comunicado respaldando, justamente, al defensor. El documento de dos páginas señala, en primer lugar, que es necesario, “expresar su solidaridad con el abogado Martín Riascos, a la sazón defensor del procesado, que ha recibido serias amenazas al punto que tuvo que apartarse de una gestión profesional, tal y como lo manifestara en audiencia celebrada el día de hoy”.
El Colegio de Abogados Penalistas señala que las agresiones contra un abogado son agresiones contra todos. De igual manera, rechazan el hostigamiento público y mediático al que se vio sometido el abogado Riascos.
“Rechazar la insinuación según la cual la renuncia del colega por ver amenazada su vida, su integridad o su tranquilidad pueda ser una maniobra dilatoria. Resulta, cuando menos, insólito que cuando un abogado manifiesta retirarse de una gestión profesional porque su vida está en peligro se le exija mantenerse en el proceso por cinco días más. Extrañamos cualquier pronunciamiento del Ministerio de Justicia, o el Consejo Superior de la Judicatura respecto de esta grave situación”, advierte la comunicación.
Los abogados piden, además, a las autoridades, dar con los responsables de las amenazas y el hostigamiento al que se vio expuesto el abogado defensor, y a que se tomen las medidas para garantizar su vida y tranquilidad.
“Hacer un llamado a la comunidad respecto de la necesidad de diferenciar el trabajo que hace cualquier abogado defensor, de los hechos que realizan las personas que son puestas a disposición de las autoridades. Los abogados defendemos los derechos de toda persona, y en absoluto tenemos alguna responsabilidad en sus actos”, señalan
“Reiterar que la defensa de los derechos de todos, especialmente a la presunción de inocencia y el debido proceso es un imperativo ético en cualquier sociedad civilizada. Solo es legítima una decisión judicial cuando ha estado precedida de una garantía efectiva de sus intereses. Los abogados somos garantes de los derechos de todos, y es nuestro deber emplearnos a fondo cuando ejercemos nuestra profesión”, advierte otro aparte del comunicado.
Y concluye señalando: “Es por ello que hacemos un llamado a la sensatez y al respeto por nuestra profesión que cada vez más se ve estigmatizada sin reacción alguna de las autoridades y ello, lamentablemente, ha abierto espacios para el hostigamiento y las amenazas en un marco de impunidad y tolerancia con comportamientos que deben ser rechazados”.
Lo que dijo el abogado
En su intervención el abogado señaló que va a poner la respectiva denuncia pese a que sabe lo que puede ocurrir. “Como sé que el mundo entero me está escuchando tengo que decir que no es la primera vez que me amenazan y cuando se coloca ante el centro de servicios una denuncia por amenaza la respuesta del fiscal es: ‘Solamente proceden a investigarse denuncias que grupos armados al margen ley y estructuras delincuenciales organizadas le hagan directamente’. Es decir, pese a que voy a poner en conocimiento estas denuncias, solicito que no se quede solamente en un archivo”.
Igualmente, advirtió que esto no puede ser calificado como una maniobra dilatoria puesto que desde el pasado viernes se presentó el empalme con un nuevo abogado para que lo defienda en esta etapa final.
“Me retiro, su Señoría, por la puerta grande, sabiendo como profesional que cumplí con todas mis funciones pero la Judicatura no da las garantías procesales para los togados que ejercemos este noble oficio. Nosotros los abogados, quienes somos penalistas, defendemos los derechos de las personas no directamente a las personas”.
Tras esta dimisión se conoció también la renuncia de la traductora Martha Lucía Morales Cañón, quien ha sido blanco de fuertes críticas por no tener un amplio conocimiento de los términos judiciales. “Señor juez, de manera respetuosa debo solicitarle que de manera prudente sea usted el que valore la situación presentada en el caso concreto ya que, si bien es cierto, pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura no es menos cierto que si mi labor tiene incidencia en las decisiones que en Derecho corresponden deba tomar su despacho, prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo al fin que se garantice el debido proceso del señor John Nelson Poulos”.