Las denuncias sobre la existencia de una presunta red de prostitución dentro de la Policía llegaron al límite la semana pasada. Ocurrió cuando La FM publicó un video en el que quedó expuesta una conversación de alto contenido sexual entre el ahora ex viceministro del Interior, Carlos Ferro, y un alférez de esa institución. Todo un escándalo.Y si bien la intención de dar a conocer la grabación era evidenciar que personajes del Congreso pagaban por recibir a cambio favores sexuales de uniformados de menor rango de la institución, la falta de pruebas de que hubo una conducta punible en ese hecho generó una avalancha de críticas contra la directora de ese medio, Vicky Dávila. Incluso, el presidente Juan Manuel Santos se cuestionó si la divulgación del video era buen periodismo.La presión fue tanta, que Dávila renunció a su cargo dos días después de darse a conocer la grabación. Ahora, pasada una semana, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció sobre el hecho y criticó la posición de Santos frente al caso de Dávila.También se refirió a un tema que no ha tenido tanta prioridad en medio del escándalo: la censura y la responsabilidad que tiene el Gobierno de ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación realicen su labor, además de garantizar la integridad de los periodistas que hacen parte de la investigación de la ‘Comunidad del anillo’.Esto lo manifestó la Fundación en cinco puntos:1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública–, no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando. 2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No se puede pasar por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor. 3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el papel de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia. 4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo. 5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al Gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas.