El norte del Cauca y el sur del Valle han vivido por años una de las facetas más duras del conflicto armado en Colombia. Se trata de una región que fue priorizada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y sobre la cual ese organismo abrió uno de los macrocasos más significativos de la justicia transicional en el país.
En este se estudian las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, así como Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el sur del Valle del Cauca.
Este martes 10 de septiembre, la JEP realizó en el corazón del Cauca una audiencia de medidas cautelares que busca proteger la vida y la integridad de las víctimas de este conflicto que han luchado por reclamar verdad y justicia. La Sala de Reconocimiento de Verdad, que lleva el caso, ordenó la realización de esta diligencia para convocar al Gobierno nacional y a los entes locales, con el fin de conocer los planes que están llevando a cabo para protegerlas. La mayoría de ellas hace parte de las comunidades étnicas, sean indígenas o afrocolombianas.
“No puedo, la conciencia no me deja, comenzar esta audiencia sin hacer un minuto de silencio por las víctimas que vienen de sus comunidades”, dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez al iniciar la diligencia judicial.
“El Cauca encabeza la lista de asesinatos de líderes sociales, con más de 302 víctimas. En lo que va de este año, 44 líderes sociales han sido asesinados, así como diez firmantes del Acuerdo de Paz. Se han presentado 29 masacres en Cauca y Valle del Cauca”, agregó. Contó además que en el Cauca 260 niños fueron llevados a la fuerza por los actores ilegales, como víctimas del reclutamiento ilegal.
El jurista lamentó la difícil situación de orden público que se vive en el Cauca. “Hacemos esta audiencia en Popayán porque no podemos ir a los pueblos vecinos, porque hay retenes… Estamos confinados literalmente en esta audiencia. Desde su apertura, el caso cinco se ha visto afectado por la situación de la seguridad de la zona. Líderes que han estado participando han sido asesinados. Cada vez que tenemos un encuentro, tenemos que hacer un minuto de silencio, porque alguien que estaba aquí sentado, en la próxima audiencia, no estará. Así de grave es la situación”.
“Es necesario contar con medidas que garanticen la vida de los intervinientes de este proceso”, agregó.
Vea la audiencia de medidas cautelares
La magistrada Belkis Izquierdo aseguró que “la promesa de paz contenida en el acuerdo final todavía se ve lejana en el horizonte”. Habló de la proliferación de actores armados en el territorio y elogió a las víctimas porque aun en medio de ese panorama adverso siguen luchando por sus derechos.
“Esta convicción, lucha y resistencia de los pueblos existe como mínimo brindarles las garantías para que su participación en esta instancia otorgue condiciones para proteger su vida, su identidad, cultural y el gobierno propio de los pueblos”, aseguró. Afirmó que es necesario buscar el camino hacia la paz, porque “somos conscientes que estamos ante un posacuerdo, pero no ante un posconflicto”.
El magistrado José Miller Hormiga, por su parte, señaló que, a pesar de las dificultades, las organizaciones de Cauca persisten con los compromisos por la paz y con estos esfuerzos se deslegitima cualquier acción de violencia. “Esto es un ejemplo para nuestro país”, agregó. El jurista es caucano y aseguró que “nunca se ha desprendido de su departamento y siempre dará lo mejor de sí para construir un Cauca donde podamos vivir en paz”.
“La lucha de las víctimas se ha enfrentado a espirales de violencia cada vez más atroces”, dijo el magistrado Óscar Parra. El jurista recordó un poema al decir que es necesario que el país se monte en una “ruta de esperanza que quiere sembrar el acuerdo de paz”.
“Paz en la aurora, en el sueño. Paz en la pasión del grande y en la ilusión del pequeño. Paz sin fin, paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera. ¡Paz, paz, paz! Paz luminosa. Una vida de armonía sobre una tierra dichosa”, leyó el magistrado de las palabras del poeta español Rafael Alberti.
En la audiencia también hablaron las comunidades étnicas. El mayor Albeiro Quiguanas, del pueblo indígena Nasa, dijo que la naturaleza y las costumbres que tienen como etnia hacen parte de sus planes de vida y les permite mantener la “armonía y el equilibrio en cada uno de los territorios”.
Junior Elkin Pilcue Noscue, autoridad delegada por las organizaciones indígenas del Cauca, expresó que los integrantes de las comunidades están siendo señalados por supuestos nexos con los actores armados que hacen presencia. “Hoy en nuestros territorios se siguen dando los asesinatos colectivos”, dijo.
Agregó que hay “crímenes de lesa humanidad que hoy afectan la pervivencia de nuestras comunidades. Hacemos un llamado para que puedan tener una mirada integral sobre lo que está pasando en el Cauca y en el Valle”, sostuvo Pilcue.
Por otro lado, el mayor Jaime Ipia, delegado por las organizaciones indígenas del Valle del Cauca, aseguró que son miedosos los problemas de inseguridad que se viven en la región. “Eso es muy preocupante porque nosotros creemos que solos no lo podemos lograr y aquí las instituciones deben mirar estos territorios. Hoy como autoridades del sur del Valle vemos una esperanza en la JEP, que puede ser una solución para construir paz entre todos. De lo contrario, no será posible”, dijo en la audiencia y habló de la situación de Jamundí.
“Hoy esta diligencia enmarca un hito histórico, el cual aplaudimos”, dijo Vanesa Sarasti, delegada por organizaciones afrocolombianas del Cauca. “Esperamos lograr esas medidas que nos permitan esos mínimos elementos de protección para nuestras comunidades y nuestros territorios. Es de conocimiento el alto nivel de vulnerabilidad, específicamente para quienes bajo su rol como autoridades se sobreexponen debido a su representación territorial”, concluyó.