Una investigación de la Fiscalía y el grupo contra la corrupción de la Dijin, en la Policía, destapó lo que sería un cartel de funcionarios abogados y jueces corruptos que encontraron la forma de quedarse con los recursos públicos destinados a la salud. Este es el ‘cartel de los hospitales’.

Algunos hospitales, principalmente en el norte del país, iniciaron cobros coactivos a reconocidas EPS y de esta manera embargar las cuentas de las entidades y apropiarse de manera ilegal de los recursos que giraba la nación para garantizar la salud en esas zonas del país.

En los meses de intervención, EPS Sanitas reporta pérdidas por 200.000 millones de pesos.

Las advertencias salieron de la Procuraduría y llegaron a los investigadores del grupo contra la corrupción de la Dijin que, de manera rápida, adelantaron todos los actos de verificación y lograron destapar una olla podrida que solo en el departamento de Sucre, logró embargar más de 18.000 millones de pesos.

“Los procesos de cobro coactivo estarían siendo adelantados contra expresas disposiciones constitucionales y legales. Al parecer, existe un cartel de abogados que asesora a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, que se remuneran hasta con el 30 % de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva a salud”, dijo el ministerio público cuando compulsaron copias a la Fiscalía.

En las últimas horas, los investigadores lograron obtener las órdenes de captura en contra de algunos representantes legales de hospitales que se prestaron para la artimaña corrupta de iniciar cobros coactivos en contra de las EPS y de esta manera embargar los recursos que en teoría y de acuerdo a la ley, son inembargables.

“Algunos jueces y representantes legales de los centros hospitalarios, han hecho caso omiso de lo establecido en la ley y han continuado iniciando dichos trámites; además, han emitido providencias o actos administrativos, ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Adres”, dijo la Procuraduría cuando informaron de la existencia del cartel.

A través de interceptaciones, vigilancias, seguimientos y testimonios, los investigadores lograron recaudar todos los elementos de prueba que serán presentados por un fiscal ante un juez de control de garantías en la ciudad de Sincelejo para demostrar por qué esos representantes legales, utilizaron sus cargos y los hospitales, para apropiarse de los recursos de la salud.

SEMANA conoció detalles de la investigación y de cómo estas personas lograron apropiarse de los dineros de la salud, y es allí donde aparece otro capítulo en este escándalo, el que enreda a los abogados y jueces que facilitaron el trámite con los embargos con dineros que, según la ley, no se podían embargar.

Los operativos fueron adelantandos por el CTI de la Fiscalía. Foto Especial para El País | Foto: El País

Con los elementos de pruebas recaudados, la Fiscalía espera demostrar ante los jueces, la responsabilidad que tienen estas personas en los hechos fraudulentos, en el entramado de corrupción que podría salpicar a más personas. Pedirán una medida de aseguramiento para garantizar el resto de la investigación.