Ningún efecto produce en el juez, que tiene a cargo el proceso por fuga de presos en contra de Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista, la tutela de la Corte Constitucional que garantiza el derecho a la información y acceso a las audiencias judiciales para los medios de comunicación. Cada vez que se lo recuerdan, simplemente lo ignora. De esta manera ha transitado el juicio contra Merlano, hija, a puerta cerrada y con varias advertencias: las partes se pueden ir detenidas si hablan con los periodistas.
Los defensores de Aida Victoria y el odontólogo, Javier Cely, también en juicio, advirtieron que el juez no solo ha negado la inclusión de pruebas, testigos y evidencias que luego fueron admitidas por el Tribunal de Bogotá, sino que en cada sesión les hace serias advertencias de responsabilidad, como si con anticipación y sin escuchar los alegatos de los abogados, tuviera una decisión tomada, obvio en el sentido de condenar a sus clientes.
El punto del juicio llevó a la defensa a solicitar nulidades en el proceso, solicitudes que sin escuchar argumentos el juzgado anticipa no van a frenar el desarrollo de las audiencias, tanto que hasta se anticiparon varias denuncias contra el juez por considerar que una cosa es darle celeridad a la justicia y otra es pasar por encima de los derechos que se entiende, debe garantizar.
La denuncia incluirá, además, varios escenarios de maltrato a los abogados, los testigos y la misma Fiscalía, de parte del juez. Uno de los testigos le contó a SEMANA que el juez, en medio de un regaño, le advirtió que no estaba en una “sesión de espiritismo”, esto porque la luz en la transmisión virtual no era suficiente.
¿Censura?
En cada sesión de audiencia y ante la solicitud, legal y garantizada por la Corte Constitucional, sobre la posibilidad de los medios a estar presentes en las audiencias públicas, la respuesta es la misma de parte del juez: no se permite el acceso de los medios y esa respuesta llega con una advertencia para las partes, se pueden ir presos si hablan con la prensa.
En repetidas oportunidades, y a través de derechos de petición, los comunicadores le han pedido al juez que permita el acceso a las audiencias, que son públicas, para conocer la información y compartir con los ciudadanos que han estado pendientes del proceso y que solo pueden enterarse a través de los medios, no con las publicaciones en redes sociales construidas desde supuestos.
Es una petición que incluso trata de condensar los reclamos de los mismos jueces en el sentido de informar de forma veraz y a partir de lo que realmente pasa en las diligencias, pero que en este caso se ve frustrado por decisión de un juez, que en teoría debe proteger la ley y la justicia que representa.
El caso llegó a la Fundación para la Libertad de Prensa que emitió un pronunciamiento ante la evidente y flagrante violación al derecho a la información, que no solo tienen los medios, sino cualquier ciudadano. Un abuso que este juez no escatima en demostrar, con una sola respuesta: al final se conocerán los documentos “que la ley permite”.
“Hoy el juez 20 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá restringió, sin una decisión motivada, el acceso de la prensa a la audiencia de juicio oral en el proceso que se adelanta contra Aida Victoria Merlano Manzanera”, dijo la FLIP.
Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie respecto a la posición del juez, que de manera reiterada insiste en desconocer lo que por vía de acción de tutela ya estaba garantizado, pero que abruptamente él, de manera osada, se niega a cumplir.