El pasado 9 de septiembre el entonces representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, presentó su carta de renuncia a la Cámara de Representantes de manera irrevocable por la investigación que se adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con la Empresa de Servicios Públicos de Santander cuando fue gerente de la misma.
En su carta de renuncia, Ballesteros aseguró que “tras la práctica de la diligencia de indagatoria, producto de un proceso de conocimiento público, el equipo jurídico defensor de mi caso renunció al poder pues, tal y como lo expone el documento anexo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vulneró mis garantías constitucionales y violentó mi derecho fundamental a la defensa, principio Rector de la justicia y la libertad”.
Desde ese momento inició un estudio jurídico en la Cámara sobre el futuro de la curul que dejaba Ballesteros y ese análisis terminó este lunes con una resolución que expidió la mesa directiva de la corporación en donde queda claro que habrá silla vacía, por lo que el Centro Democrático pierde esa curul.
La resolución es la 2572 con fecha del 22 de noviembre y allí se notificó de la decisión tomada por lo que no habrá reemplazo en esa curul. El Centro Democrático estaba esperando esta respuesta para determinar si Liliana Botero podría asumir el escaño de Ballesteros, al ser la siguiente en la lista.
“Declarar la vacancia de la curul ocupada por el entonces representante a la Cámara por el departamento de Santander en representación del Partido Centro Democrático, doctor Edwin Gilberto Ballesteros Archila, en aplicación de lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 134 de la Constitución Política”, dice la resolución. Justamente allí se explica que dicha norma dispone que en ningún caso podrán ser reemplazados quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a delitos contra la administración pública en investigaciones judiciales iniciadas en vigencia del acto legislativo “número 2 de 2015, esto es, a partir de 1 de julio de 2015″.
Ballesteros fue señalado por los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo de haber recibido coimas a través de la red de presunta corrupción que organizó desde una oficina. En total son 3 contratos investigados: uno de ellos es el 157 de 2014, documento que fue suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S. A. S. (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento) el 29 de diciembre de 2014. Este contrato fue firmado por la suma $1.188.804.830 y su objetivo era el mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector denominado El Casino, cerca de algunos tramos del municipio de Sucre Santander.