En menos de 24 horas dos decisiones, del mismo juzgado, dejaron en orillas diferentes a quienes en algún momento llegaron a un acuerdo: la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, que ahora se enfrentarán en los tribunales.

Una tutela radicada por la unión temporal frenó la caducidad del contrato que había ordenado el Ministerio cuando en primer momento le concedieron medidas cautelares, pero, pocas horas después, el mismo juez la revivió al negar de fondo la tutela.

Justamente este jueves la unión temporal, que se ganó el millonario contrato para la conectividad en zonas apartadas del país, explicará qué decisiones se avecinan en el anunciado enfrentamiento con el Ministerio tras la caducidad del contrato y el embargo a sus cuentas.

Antes de decretar la caducidad del contrato a la unión temporal, con las implicaciones legales y administrativas que acompañen semejante decisión, el contratista advirtió que demandaría a la Nación tras considerar que hay vulneración de derechos y una violación al debido proceso.

El asunto en cuestión está en las garantías bancarias que aparentemente se expidieron desde un reconocido banco y que, de acuerdo a esa misma entidad, no cumplió el procedimiento debido y previamente establecido en montos como el que estaba en discusión, para un contrato de esa magnitud.

La unión temporal y su representante legal, Luis Fernando Duque, explicarán de qué manera se van a defender de los señalamientos, de las investigaciones que se adelantan en los entes de control y cuáles herramientas legales usarán para demostrar que cumplieron con las condiciones señaladas en el proceso de adjudicación.

En la Fiscalía avanzan las diligencias de interrogatorio a las personas que fueron mencionadas en la denuncia radicada por el Ministerio luego de decretar la caducidad del contrato y advertir que los entes de control deberían asumir competencia y establecer la presunta comisión de hechos criminales.

El ente acusador también adelantó una inspección judicial a la sede del Ministerio donde se obtuvieron evidencias, material de prueba, documentos y copias espejo de los computadores que tendrían la información de todo el proceso de adjudicación del multimillonario contrato y cómo se prestó vigilancia al mismo.

La Fiscalía también llamó a interrogatorio a los representantes de la firma consultora que tenía por encargo revisar las garantías y pólizas que se presentaron por parte de los proponentes en el proceso de adjudicación y que, aparentemente, no tenía las irregularidades advertidas posteriormente por el banco.

Así las cosas, la relación entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados que nació al ganarse una licitación por más de un billón de pesos, a la cual le fueron surgiendo irregularidades que hoy tienen embolatados 70.000 millones de un anticipo, ya no tendrá una solución dialogada. Serán los tribunales los que dicten la última palabra. El MInTIC ya tomó las primeras medidas y la fiscalía ya recogió las primeras declaraciones. Hoy, será Centros Poblados el que destape sus cartas.