Pese a que en la audiencia celebrada el pasado 12 de mayo, Jorge Enrique López Benavides se declaró inocente de los señalamientos que le hizo la Fiscalía General dentro del escándalo por el billonario contrato de Centros Poblados, SEMANA conoció que finiquitó la firma de un preacuerdo en el que reconoce su plena responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. El documento será presentado el próximo 20 de octubre ante el juzgado primero de conocimiento de Bogotá.
En el expediente por el caso Centros Poblados, la Fiscalía señaló a López Benavides de haber sido la persona que recibió la misión de falsificar tres pólizas de seguro del Banco Itaú, las cuales fueron presentadas por la Unión Temporal Centro Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) en el proceso de licitación en noviembre de 2020 ante el Ministerio de las TIC y así lograr una ventaja para recibir el contrato 1043, avaluado en 1,5 billones de pesos.
Desde un principio sabía que con su actuar estaba induciendo en error a los funcionarios del MinTIC encargados de estudiar los documentos en el proceso de licitación. Benavides, según narraron varios testigos, había sido contactado por los empresarios Emilio Tapia Aldana, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque Torres para que alterara tres documentos y los presentara como oficiales y así lograr que se le otorgara el contrato que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Con su experiencia, López Benavides falsificó tres documentos en los que aparecía la firma de Luis Fernando Duque Torres en su condición de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y supuestos funcionarios del Banco Itaú, esto con el único fin de darle apariencia de legalidad al proceso. Por todo esto, el ahora procesado recibió una bonificación económica.
“Garantía bancaria Itaú 202011531001 que ampara el buen manejo de inversión del anticipo por valor de 70 mil millones de pesos (…) y el cumplimiento general del contrato por un valor de 65 mil millones de pesos y la garantía bancaria pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por 9.000 millones de pesos. Documentos todos de fecha 18 de diciembre de 2020 suscritos por Luis Fernando Duque Torres en su condición de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y supuestos funcionarios del Banco Itaú”, precisó la fiscal en la imputación de cargos.
“Tenían el pleno conocimiento que con las garantías de cumplimiento estaban haciendo inducir en error al funcionario público anteriormente mencionado para que se diera apertura al contrato a través del acta de inicio”. Los empresarios ya sabían que el beneficiario del contrato iba a recibir un anticipo de 70 mil millones de pesos para la compra de equipos.
El hombre fue señalado “como (un) particular” interesado en el proceso de licitación que adelantó las acciones pertinentes para falsificar las actas que se consideraban necesarias para recibir el mencionado aval del MinTIC. De ser hallado culpable, Benavides se exponía a una condena que va entre los seis y los doce años de prisión, pero con el preacuerdo podría recibir una rebaja en la pena.
Igualmente, podría convertirse en testigo de cargo en contra de los otros procesados por este escándalo de corrupción, entre los que se encuentran los empresarios Emilio Tapia Aldana, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque Torres.