En la única rueda de prensa que convocó el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el abogado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, advirtieron que de continuar el proceso de caducidad del millonario contrato que entregó el MinTIC para la conectividad de 7.000 puntos de internet en zonas apartadas del país, ellos avanzarían en la demanda contra el Estado.

En efecto, el contrato caducó y el Ministerio lo entregó a la ETB; en otras palabras, las condiciones que expuso Centros Poblados para iniciar la demanda se cumplieron. Sin embargo, las últimas decisiones de la justicia, entre otras la medida de aseguramiento contra el representante legal de la unión temporal, retrasaron las acciones legales de reparación, por lo que consideraron, desde Centros Poblados, una vulneración al debido proceso.

“Con independencia de que se conceda o no la tutela, cualquiera que sea el juez, en primera o segunda instancia, la Unión Temporal tiene que demandar ante la jurisdicción contenciosa porque la tutela es un medio transitorio”, dijo el abogado Pino Ricci.

El mismo abogado aseguró en la rueda de prensa que ofreció el pasado 26 de agosto, que la unión temporal está en la “obligación” de demandar para que se decrete la nulidad del acto administrativo que los dejó por fuera de la ejecución del contrato, especialmente cuando ya lo estaban desarrollando.

“Una demanda contenciosa por todos los vicios, especialmente porque el ministerio no tenía competencia para declarar la caducidad, por violación al debido proceso, y otras irregularidades, formular la demanda para que se decrete la nulidad del acto administrativo”, insistió el abogado.

Los abogados de Centros Poblados no advirtieron el montó ni el momento para acudir a la demanda, pero sí dejaron en claro que después de interponer la acción de tutela, que en una primera decisión decretó la nulidad de la caducidad, les dejaron la puerta abierta para avanzar en la demanda.

Se sabe que el contrato con MinTIC superó el billón de pesos y que Centros Poblados tenía al menos ocho contratos más con el Estado, acuerdos comerciales suspendidos como consecuencia de la caducidad. Ese golpe a las finanzas de la unión temporal es lo que están calculando en estos momentos para redactar la demanda.

En sus declaraciones ante la Fiscalía, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, explicó cómo se invirtieron los recursos que fueron entregados por el ministerio, los 70.000 millones de pesos de anticipo. Según Duque, más de 58.000 terminaron en la compra de los equipos que se estaban instalando en los puntos de internet y que quedaron fijados en el contrato inicial.

  • Preguntado: ¿En el exterior qué suma de dinero se gastó?
  • LFDT: Hasta el momento 58.000 millones, quiero hacer una precisión, si me lo permite. El presupuesto que se tenía era de 188.000 millones desde que comenzó el contrato hasta mayo del año que viene, solo en la adquisición de equipos.
  • Preguntado: Esos 58.000 millones de pesos que usted me está haciendo referencia, ¿esos equipos dónde están, ustedes compraron algo con ese dinero, dónde están esos equipos?
  • LFDT: La demanda será un hecho y que el representante legal esté en la cárcel. Para Centros Poblados no cambia nada, por lo menos no a la hora de exigir, según los abogados de la unión temporal, una reparación por la vulneración al debido proceso.