El propio fiscal General Francisco Barbosa entregó detalles de los hechos de corrupción alrededor del multimillonario contrato que firmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la unión temporal Centros Poblados. Preliminarmente anticipó que se descarta la participación o vinculación del exviceministro TIC, Iván Mantilla, y además advirtió que vendrán más capturas por este caso.
El nombre del viceministro salió a la luz a través de una declaración que entregó uno de los procesados en este escándalo de corrupción, Juan José Laverde, funcionario de la corredora de seguros que, según la Fiscalía, obtuvo la garantía bancaria falsa. En esa declaración el testigo le dijo a los investigadores que Emilio Tapia había generado varios recursos a diferentes personas entre ellas Iván Mantilla.
Mantilla, a través de un comunicado aseguró que estudia la posibilidad de denunciar a ese testigo de la Fiscalía por las declaraciones que entregó, tras advertir que no recibió dinero ni dádiva alguna por parte de las personas involucradas en este millonario escándalo de corrupción. Aseguró que hará todo lo posible por ejercer su derecho al buen nombre.
Mientras tanto, el fiscal Francisco Barbosa advirtió que la próxima semana harán el llamado de imputación de cargos a otras personas que estarían vinculadas en este caso, lo que implicaría nuevas capturas y más detalles que ayuden a establecer la responsabilidad en los hechos irregulares: en la firma, adjudicación y ejecución del multimillonario contrato.
“La próxima semana haremos imputaciones a cuatro personas en esta investigación y por supuesto estamos tratando de sellar preacuerdos con el propósito de recuperar la totalidad de los recursos que generaron una circunstancia de escándalo por parte de la opinión nacional es decir los 70 millones de pesos”, dijo el fiscal Barbosa.
Adicionalmente el fiscal aseguró que trabajan en conjunto con la Contraloría de la República para recuperar el dinero que fue girado a Centros Poblados como parte del anticipo para la ejecución del contrato, insistió que en ese escenario las indagaciones van por buen camino.
“Es un trabajo de la Fiscalía y por supuesto esto se compagina con la labor de la Contraloría General de la República, queda también ha entrado a acompañar el proceso de recuperación de esos recursos”, insistió el fiscal.
Hasta el momento son tres las personas que fueron procesadas por este escándalo: Emilio Tapia, quien estaba, de acuerdo con los testigos, detrás del millonario contrato; Juan José Laverde, la persona que de acuerdo con la Fiscalía obtuvo la garantía bancaria falsa y Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados. De los tres, solo el segundo se encuentra en detención domiciliaria, los otros dos: Tapia y Duque están en una cárcel.
La Fiscalía aseguró en la imputación de cargos que tienen todo el material probatorio para llevar a juicio a estas tres personas por delitos que afectan la administración pública y que revelaron la forma en la que se obtuvo el dinero y posteriormente cómo se dilapidó en la compra de vehículos y apartamentos fuera del país.
SEMANA pudo establecer que la Fiscalía también adelanta de forma paralela los procesos de extinción de dominio para ayudar en la recuperación de los recursos que fueron invertidos por el Gobierno en el programa de conectividad para las zonas más apartadas del país y donde supuestamente los niños serían los beneficiados.