Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas, de los 9.492.472 de colombianos que se encuentran reconocidos como víctimas en el marco del conflicto armado, 191.907 han sido acreditados por el delito de desaparición forzada.
El Ejército Nacional a través del Departamento Jurídico Integral, conmemora del 23 al 26 de mayo, la Semana del Detenido Desaparecido, militares o personas cercanas a ellos que fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos de manera forzada. De las cuales décadas después no se tiene información de su paradero, se desconocen si fueron asesinadas o la suerte que corrieron en manos, en su mayoría de grupos criminales-
La conmemoración se realiza entre la institución castrense y las familias de los militares y civiles al servicio de la institución víctimas de este nefasto delito. El artículo 14 de la Ley 1408 de 2010 estableció que “La memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la Semana de los Detenidos – Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos”, señala este.
Del universo de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas, los grupos al margen de la ley desaparecieron a 4974 personas por haber tenido algún vínculo con el Ejército Nacional, es decir, eran familiares de soldados, prestaron el servicio militar o tenían alguna relación interpersonal con miembros de la institución, explican desde la entidad.
Sobre este registro, la institución a través de la Dirección de Familia y Bienestar tiene priorizados a 112 militares o civiles al servicio de la Fuerza, quienes fueron llevados forzosamente, de ellos, la institución, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), ha hecho la entrega digna de restos de cinco militares que fueron asesinados.
De acuerdo con la sentencia C-317/02, de la Corte Constitucional, este delito es reconocido por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad, debido a que lo señala como un atentado múltiple contra derechos fundamentales del ser humano, en cuanto supone la negación de un sinnúmero de actos de la vida jurídico-social del desaparecido.
Para conmemorar esta semana, el Ejército Nacional ha expuesto la galería itinerante de desaparecidos en el Centro Comercial Gran Estación los días 25 y 26 de mayo, pero, además, realiza una velatón en el Centro Comercial este viernes 26 de mayo.
El Ejército Nacional reitera su compromiso en la protección de los derechos humanos de la población civil y de sus propias tropas, y acompaña a las familias de los desaparecidos en estos procesos. “Aunque no estén con nosotros, su memoria siempre prevalecerá”, dice el Ejército a través de un comunicado.
Es de resaltar que el pasado 21 de mayo Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, quien era excabecilla del componente armado del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó estar involucrado en una ola de homicidios y desapariciones en Antioquia entre los años 2000 y 2003.
Según el ente acusador, la contundencia de los elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, dio pie a que este hombre reconociera de manera libre y voluntaria su responsabilidad en hechos perpetrados en Santuario y Marinilla (Antioquia).
Entre los cargos aceptados están: diez homicidios, dos casos de desaparición forzada y un evento de desplazamiento forzado en el que un ganadero, su esposa y seis hijos, cuatro de ellos menores de edad, fueron obligados a abandonar su propiedad en medio de amenazas de muerte.
Asimismo, aceptó acciones violentas sucedidas en Granada (Antioquia), como nueve asesinatos, dos desapariciones forzadas, el desplazamiento de un profesor y su familia, y dos secuestros, en uno de estos fue llevado en contra de su voluntad un suboficial de la Policía Nacional que compraba una bebida en un establecimiento de comercio.
Por otro lado, de acuerdo con la investigación, establecieron que la mayoría de las víctimas serían agricultores, mecánicos, vigilantes, docentes, contratistas y personas que fueron señaladas por esta estructura armada ilegal, de no compartir sus ideas, de auxiliar o pertenecer a otros grupos delictivos que tenían injerencia en la región.