Cerro Matoso indicó que miembros de dos comunidades vecinas, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré y el Cabildo Indígena La Libertad de Puerto Colombia, han bloqueado por más de 30 horas las vías de acceso a la empresa, arriesgando su integridad y la de algunos menores de edad que participan en esta protesta.
Mediante un comunicado de prensa, la compañía enfatizó que respeta las manifestaciones pacíficas amparadas en la Constitución Nacional y las instituciones colombianas. Sin embargo, recalcó que impedir el ingreso a las instalaciones y alterar la estabilidad de la operación es un acto de violencia, el cual rechazan tajantemente.
“Este es un acto de violencia que la empresa rechaza y que desborda el ejercicio del derecho a la protesta, pone en riesgo a seres humanos y atentan contra la integridad de la operación de Cerro Matoso, activo estratégico de la nación y motor de la economía del sur de Córdoba”, precisó.
La empresa, de igual manera, aprovechó el momento para insistir que estas protestas están vulnerando el derecho al trabajo y libre movilidad de más de 2.000 personas, entre empleados directos y contratistas, especialmente de 450 trabajadores, quienes permanecen encerrados en la Planta desde el domingo pasado
Además, Cerro Matoso advirtió que se verá en la obligación de suspender algunas operaciones si el bloqueo perdura durante todo este miércoles. Asimismo, manifestó que deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos en la región.
“La compañía ha venido cumpliendo a cabalidad desde 2019 con los acuerdos protocolizados, producto de 18 meses de diálogo, más de 115 mesas de trabajo y 1.000 participantes. En caso de no poder superar el bloqueo hoy, la empresa se verá obligada a declarar la fuerza mayor en la ejecución de sus contratos y suspender todas las actividades que no sean imprescindibles para la operación”, agregó.
Luego, sentenció: “Es importante señalar que los cambios que lleven a cabo las organizaciones comunitarias sobre la composición de sus juntas directivas no pueden pretender desconocer los acuerdos previos alcanzados, que han permitido el desarrollo conjunto de proyectos en beneficio de las comunidades. El llamado es a preservar la institucionalidad para beneficios de todos”.
Cabe mencionar que las comunidades indígenas denuncian un supuesto incumplimiento por parte de Cerro Matoso a las órdenes cuarta, quinta, sexta y séptima de la sentencia T 733 de 2017 de la Corte Constitucional,
”No hay una restauración de los ecosistemas, ni un mecanismo que permita monitorear con imparcialidad los casos de contaminación. Además, no hay atención integral en salud para las comunidades que habitan la zona de influencia y afectación de la mina de Cerro Matoso. No se han dado consultas previas con respecto a proyectos recientes como Queresas y Porvenir”, apuntó Carlos Mario Franco Santos, presidente del Consejo Comunitario de San José de Uré, en Caracol Radio.
La empresa hizo un llamado finalmente a las entidades competentes para el levantamiento de estas vías de hecho que permitan promover la seguridad y el derecho al trabajo de los trabajadores. recalcando que los canales de diálogo siempre están abiertos y disponibles.