El expresidente César Gaviria, hizo pública una carta abierta con sus posturas sobre el uso del glifosato y pidió al gobierno del presidente Iván Duque reconsiderar la fumigación como mecanismo para combatir las hectáreas de coca.
Gaviria, integrante de la Comisión Global de Política de Drogas, cree que el uso del herbicida no es efectivo para combatir los cultivos ilícitos y, por el contrario, trae muchos riesgos para el país. ”Erradicación manual y ayuda social a los campesinos que la siembran sale más económico que aplicar glifosato”, advierte el expresidente Gaviria.
En su escrito, el expresidente entrega varios argumentos por los cuales el glifosato traería más problemas para el país y, según él, reduciría mínimamente los cultivos de coca que hay en varias regiones del país.
“Según estudios de la Universidad de California asperjar una hectárea de hoja de coca cuesta alrededor de 72.000 dólares; además, para erradicar completamente una hectárea de cultivo es necesario repetir este proceso entre 30 y 45 veces lo que hace de este un proceso excesivamente costoso. Ahora bien, al comparar este método con otras estrategia como titulación de tierras y sustitución de cultivos, la cual tiene un costo promedio de 11.000 dólares por familia y arroja menores tasas de resiembra, se encuentra que la aspersión aérea es mucho mas costosa, agresiva y menos eficaz que las otras opciones”, dice Gaviria.
Esta es la carta abierta de César Gaviria:
Pronunciamiento del expresidente de Colombia César Gaviria Trujilo
En la actualidad el Gobierno dice estar listo para retomar el programa de erradicación con aspersión de glifosato y, al parecer, cree que ha cumplido los requisitos que le impuso la Corte Constitucional.
Hay que empezar por decir que este es un compromiso adquirido con la administración Trump. Se generó cuando el Presidente Trump dijo a pocos meses del comienzos de gobierno Duque que la exportación de cocaina desde Colombia se había incrementado en un 50 por ciento. El gobierno guardó un pasmoso silencio a pesar de que Colombia decomisa mas del 50 por ciento de la cocina que se decomisa en el resto del mundo, incluido Estados Unidos.
En lugar de defendernos, lo que hicimos fue adquirir el compromiso de fumigar con glifosato, esta vez no por cuenta de Estados Unidos sino en menoscabo del presupuesto del Ministerio de Defensa, o de los programas sociales o por cuenta de una reforma tributaria. Se estima que el costo de eliminación de cada hectárea por este sistema es del orden de 70.000 dólares por hectárea, una suma astronómica cuyo valor total depende del numero de hectáreas a asperjar. según un estudio realizado por la Universidad de los Andes Para solo 10.000 hectáreas costaría 700 millones de dólares.
Por otra parte , existe un informe firmado por los asesores del gobierno Biden que concluye que el Plan de Manejo Ambiental y específicamente la aspersión aérea resultan completamente ineficiente y de pobres resultados para la lucha contra las drogas en Colombia. Dicho informe publicado el 1 de diciembre por la comisión de política de drogas para el hemisferio occidental del gobierno Biden, resalta que, entre otras cosas, se invirtieron 10 billones de dólares en el Plan Colombia y que dicho plan tuvo éxito únicamente en el control de guerrillas y otros grupos armados más no en frenar la producción de cocaína. La comisión asegura que la erradicación con glifosato es costosa y tiene pésimos resultados, además de no ser eficiente para la lucha contra las drogas.
Asimismo, según estudios realizados por expertos de fumigación como Adam Isaacson, Daniel Mejía y Vanda Felbab-Brown, la aspersión aérea es mucho más costosa y aleja a las comunidades rurales que terminan viendo al estado como opresor. Por otro lado, los cocaleros han desarrollado técnicas que hacen aún más ineficiente la aspersión aérea y dado que gran parte de cultivos se encuentran en parques naturales y zonas de frontera, la comisión argumenta que un nuevo programa similar el Plan Colombia es inviable pues este conllevaría a muchos obstáculos legales financieros y políticos.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional es bien extraño afirmar que tal programa no pone en peligro la salud de los Colombianos. Apoyándose en los avances que han tenido en el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Corte Constitucional; sin embargo, el gobierno está ignorando ciertos aspectos que impiden el estricto cumplimiento de dichos requisitos, El gobierno no quiere tener en cuenta la evidencia científica e internacional que demuestran a las claras y de manera arrolladora que el glifosato produce cáncer. Es el mismo material con el cual se produce el roundup con el que se elimina la maleza en la mayor parte de los cultivos del mundo.
En 2016, la compañía Monsanto fue llevada a juicio por no advertir que el herbicida Roundup tenia componentes cancerígenos. El jurado consideró que la relación entre el glifosato y el cáncer estaba probada y que la empresa había conspirado para ocultarlo, lo que llevó a Monsanto a ser condenada por 289,2 millones de dólares en daños punitivos y por casi 40 millones de dólares en daños compensatorios. Asimismo, luego que en San Francisco un agrónomo fuera diagnosticado con cáncer linfoma no Hodgkin al haber trabajado por 30 años con Roundup, el jurado encontró culpable a Monsanto por no advertir sobre el riesgo de cáncer y actuar de “manera negligente”, lo que la llevo a pagar 80,2 millones de dólares.
A su vez, la firma alemana Bayer, que habría adquirido en 2018 a Monsanto, enfrentó mas de 125.000 demandas por casos de cáncer relacionados al glifosato. Lo anterior hizo que la compañía ofreciera pagar 9.600 millones de dólares a los demandantes de solo un grupo de estados y que pusiera en reserva 1.250 millones de dólares “para cubrir demandas futuras”. Sin embargo, el mes pasado un magistrado de Estados Unidos invalidó el segundo acuerdo justificando que no era una medida suficiente para proteger los interés de las personas que hubiesen utilizado Roundup.
La opinión internacional frente al uso del glifosato no es muy diferente a la de la Comisión de política de drogas de EEUU. En la actualidad 41 países alrededor del mundo han restringido el uso del glifosato o han declarado intenciones de prohibirlo y según expertos, existen más de 20.000 artículos de literatura científica sobre las afectaciones a la salud que conlleva el uso del glifosato. En cuanto a la selección y priorización de territorios para la aspersión aérea, el gobierno en su decreto excluyó a los Parques Naturales pero no a los territorios de comunidades indígenas o negras, los cuales tienen la misma importancia en términos ambientales.
Respecto al programa de monitoreo y atención de reclamos exigido por la Corte, el gobierno designó a la ANLA y al Instituto Colombiano Agropecuario y Fonvivienda, entidades que no tienen una presencia territorial muy amplia, lo que puede perjudicar el correcto monitoreo del programa. Por otra parte, si bien el gobierno afirma que el programa de erradicación no va en contravía al Acuerdo de Paz, en este acuerdo queda consignado que se debe priorizar la erradicación manual, lo cual no se alinea al decreto expedido por el gobierno que ubica a la Aspersión Aérea como un recurso transversal y no un ultimo recurso.
Además de lo anterior, se ha hecho uso de distintos mecanismos judiciales que muestran la inviabilidad del Programa. En el 2017 las comunidades indígenas de Putumayo solicitaron indemnización en la sentencia T 300 de 2017 “por la afectación a sus cultivos, medios de trabajo y bienes de supervivencia (…) como consecuencia de las operaciones aéreas de fumigación con glifosato”. Asimismo, en Nariño se interpuso una tutela en contra de la erradicación manual forzada y otra en contra la resolución de la ANLA que da el aval exigido por la Corte; además existe una demanda en contra del decreto 380, el cual regula las pautas sobre el mecanismo de quejas del Programa.
Como alternativa, la Comisión propone concentrar esfuerzos en la destrucción de laboratorios y en confiscar los químicos que se utiliza para la preparación de la cocaina, además de ofrecer a los campesinos alternativas de cultivos de uso lícito y proteger a líderes sociales y excombatientes de las FARC. Además de los hechos que sugieren las graves afectaciones de salud que puede ocasionar el uso del glifosato, diferentes expertos coinciden en que la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato es un método poco eficaz y peligroso.
Según estudios de la Universidad de California asperjar una hectárea de hoja de coca cuesta alrededor de 72.000 dólares; además, para erradicar completamente una hectárea de cultivo es necesario repetir este proceso entre 30 y 45 veces lo que hace de este un proceso excesivamente costoso. Ahora bien, al comparar este método con otras estrategia como titulación de tierras y sustitución de cultivos, la cual tiene un costo promedio de 11.000 dólares por familia y arroja menores tasas de resiembra, se encuentra que la aspersión aérea es mucho mas costosa, agresiva y menos eficaz que las otras opciones.
Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, sostiene que al recurrir a la aspersión aérea con glifosato “el daño lo origina directamente el Estado, la población afectada no puede gestionar el riesgo, es una población vulnerable socioeconómicamente y este no parece ser un instrumento eficaz para el control de cultivos de uso ilícito”.
En lo anterior coinciden investigadores de Harvard Kennedy School y la Universidad del Rosario, quienes encontraron que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato aumentó la violencia y el conflicto en las zonas fumigadas, en el corto y en el largo plazo, entre 1999 y 2005. Los investigadores concluyeron que el incremento de 1 % en el área asperjada aumenta en 22 % el número de ataques de grupos guerrilleros, en 24 % la cantidad de combates con las fuerzas armadas y en 16 % el asesinato de civiles.