El nombre de Fanny Grueso Bonilla, alias la Chily, seguramente no les dice mucho a los colombianos, pero para miles de familias que viven en Buenaventura ella representa la encarnación del mal. Su huella desalmada aparece en cuanta extorsión, amenaza, desaparición o descuartizamiento, relacionado con las temidas ‘casa de pique’ que tanto horrorizaron al país, y llevaron al presidente Juan Manuel Santos a ordenar la intervención social y militar de Buenaventura en 2014.Gracias a un trabajo investigativo de fiscales de la seccional Valle, hoy se conocen detalles escalofriantes de la forma como los criminales se tomaron el puerto más importante del país en el Pacífico e implantaron su régimen de terror. A tal punto, que antropólogos que analizaron el tema lo consideraron “un estado de excepción”; es decir, una zona donde los delincuentes desplazaron a la institucionalidad. “Voy a mocharle la cabeza a un man y lo tiro al mar para que la marea se lo lleve”, se oye en una de las llamadas interceptadas que el fiscal recopiló en la pesquisa (escuchar audios en Semana.com).Y en medio de esas investigaciones apareció como protagonista la Chily, una mujer que tiene 230 denuncias en la Fiscalía por concierto para delinquir, tráfico y porte de armas y desplazamiento, pero se cree que ha cometido más delitos. Las autoridades tienen 1.128 declaraciones de desplazados y víctimas que hablan de su crueldad.Esta afrodescendiente, de 35 años de edad, se crio en uno de los tantos barrios humildes de Buenaventura que nacen en espacios robados al mar. Dedicó la mitad de su vida a cuanta organización criminal llegó al puerto, a tal punto que lideró su propia banda integrada por tres hombres y nueve mujeres. “Ella arrancó prestando guardia con un fusil AK-47 en Piedras Cantan (barrio Viento Libre) y luego haciendo limpieza, matando a ladrones de Buenaventura”, confesó uno de los testigos protegidos de la Fiscalía. Siendo una adolescente se enlistó en la guerrilla y en 2000 hizo parte del frente 30 de las Farc. Luego, se unió al bloque Calima de las AUC y desde allí ayudó en la cruenta operación en la que los paramilitares retomaron el puerto.Aunque se desmovilizó en 2004, no cerró su prontuario criminal. Siguió delinquiendo de la mano de La Empresa, una bacrim que sirve en el puerto de brazo armado de los Rastrojos. Y en 2012 no tuvo reparo en cambiarse de bando para convertirse en una de las jefes de los Urabeños de La Empresa. En esa banda, donde expandió su terror al relacionarse con las temidas ‘casas de pique’ y propiciar balaceras a plena luz del día en la puja por el control territorial de los barrios. “Ordenaba las extorsiones, homicidios y desmembramientos”, confesó uno de sus lugartenientes.Es decir, en la última década la Chily tuvo la habilidad para pasearse por las cuatro organizaciones criminales más sanguinarias del país. Pese a que la fuerza pública local la conocía, la comunidad la temía y sus peores enemigos la buscaban para matarla, seguía con vida, libre y delinquiendo.Una de sus miles de víctimas narró a las autoridades el secuestro de su hermano de 15 años cuando salía del colegio, por el que la Chily le exigía 300.000 pesos de rescate. “Salí, empeñé el televisor, el DVD, completé la plata y se los di a la Chily y ella me dijo: ‘Vaya búsquelo antes que suba la marea y se ahogue’”, relató la mujer tras agregar que salió corriendo a rescatar a su hermanito, que estaba golpeado y amarrado a un palo de los que sostienen los palafitos en la zona de bajamar, “el agua ya le llegaba a las rodillas”.Las autoridades creen que los tentáculos de esta temida criminal llegaron hasta la clase política. Así lo deja en evidencia otro de sus lugartenientes que decidió colaborar con la justicia: “Ella recibía plata de los políticos para compra de votos y después los amenazaba y no les daba nada”.Sus andanzas terminaron en septiembre de 2014 cuando la capturaron las autoridades chilenas, donde se refugió para huir, no de sus enemigos sino de las autoridades que le respiraban en la nuca. La semana pasada arrancó el juicio contra la dama del mal y otros 55 bandidos, a quienes la Fiscalía imputó para que respondan por sus delitos, entre ellos el desplazamiento forzado de 9.052 familias solo en dos años.En Buenaventura esperan que la Chily hable y les cuente a las autoridades el paradero de muchas de sus víctimas para que las familias hagan el duelo; y de paso revele los nombres de los políticos y personas que la acompañaron en sus andanzas criminales.