Aunque el Gobierno nacional les pidió a los uniformados que les restaran importancia a las injurias que se dan en medio de las protestas ciudadanas, en las últimas horas el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, señaló que las expresiones ofensivas contra los integrantes de la institución deben ser castigadas con la privación de la libertad.
El pronunciamiento del oficial fue emitido en medio del ascenso de 17.500 policías y, aunque pareciera que el mensaje gozaría de lógica, hoy es motivo de polémica porque el Ministerio de Defensa redactó un instructivo de operación de la Fuerza Pública en las manifestaciones, donde aclaró que no debe haber reacción ante injurias y calumnias.
El documento ha levantado ampollas dentro de las filas a razón de que informa con especial énfasis los escenarios donde no se puede intervenir. Uno de los puntos explica que el derecho a la protesta está por encima del derecho al buen nombre, cuando el malestar sea generado por palabras chocantes, impactantes, escandalosas o excéntricas.
Así las cosas, la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden -que reemplazará al Escuadrón Móvil Antidisturbios- tendrá la tarea exclusiva de contener las alteraciones cuando las personas que están dentro de la manifestación ataquen las instalaciones del patrimonio público o privado, también cuando vulneren los derechos.
Si bien el texto que se filtró tiene el sello de la Policía Nacional, pareciera que el director cambió el tono de su discurso en las últimas horas porque afirmó que la obstrucción a la función pública debe ser duramente sancionada, justificando que el uso de la fuerza está estipulado en la Constitución Política como la mejor forma de su aplicación.
“Todo el apoyo al policía en la calle: la injuria al policía debe ser castigada con la privación de la libertad, el ataque al policía como delito de violencia contra el servidor público debe ser colocado como ejemplo de lo que no se debe hacer, de la mano de las autoridades judiciales”, fueron las palabras que emitió este viernes el general Henry Sanabria.
Otros lineamientos
En uno de los puntos más extensos del documento, en el que hace referencia a la manifestación pública, se fija que el acompañamiento por parte de la fuerza pública debe ser, en lo posible, “discreto, para que la presencia de los miembros de la Policía Nacional no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio”.
En otras palabras, se parte de la premisa de que la presencia de los agentes incita los ataques en contra de la población civil, infraestructura y demás durante las protestas y manifestaciones.
“Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación; no deben ser apostados de manera inerme en lugares donde puedan ser objeto de ataques”, señala el aparte relacionado con los procedimientos.
Igualmente, se establecen las características que debe tener una manifestación para ser catalogada como violenta: “cuando sus integrantes tipifican delitos que atentan contra la seguridad pública (incendio, lanzamiento de objetos peligrosos, porte de armas de fuego o blanca), o contra la vida e integridad personal (lesiones personales, homicidio en tentativa), o contra la administración pública (violencia contra servidor público, obstrucción a la función pública) o contra el régimen constitucional (asonada) o contra el patrimonio público o privado (daño en bien ajeno)”.
Cuando en las manifestaciones se registre presencia mayoritaria de jóvenes entre los 15 y 24 años, la “primera intervención será de unidades de la Fuerza Disponible, salvo que el nivel de agresividad sea tan alto que se haga necesaria la actualización inmediata de unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que lo regula”.