El capitán de la Policía Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Dana Alejandra Cañizares y Jhon Fredy Morales Cárdenas fueron llamados a juicio por las chuzadas a las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaban en la casa de Laura Sarabia Torres y habían sido señaladas de participar en el robo de una maleta con dinero en efectivo que se encontraba en el apartamento de la entonces jefa de Gabinete de Gustavo Petro.
Los cuatro policías serán acusados por presuntamente falsificar informes de inteligencia para que las líneas telefónicas de Meza y Perea aparecieran en una investigación en contra de alias Siopas, el temido comandante del Clan del Golfo. El número telefónico de Meza fue vinculado con el de alias La Madrina, una de las personas más cercanas al peligroso delincuente, mientras que el de Perea fue reseñado como el de La Cocinera, quien le preparaba la comida al jefe de la banda criminal.
Para esto, se realizaron desde la Dijín de la Policía varias modificaciones a los informes de inteligencia para presentarlos ante un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales del Quibdó para que solicitara la interceptación de las líneas telefónicas. La verdad es que lo único que buscaban era rastrear las conversaciones de Meza y Perea para ubicar el dinero que se había extraviado de la casa de Sarabia.
Los cuatro policías deberán responder en juicio por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y violación ilícita de comunicaciones, cargos de los cuales ya se declararon inocentes.
El intendente Quinchanegua tiene pendiente un proceso penal por otro cargo de falsedad material en documento público. Los elementos de prueba recopilados sugieren que el intendente habría ordenado a un patrullero “modificar y adicionar algunos apartes” al testimonio de Marelbys Meza tras ser sometida al polígrafo de manera irregular. Esta práctica se realizó en relación con la pérdida de dinero en la residencia de Sarabia el pasado 29 de enero.
La acusación sostiene que el intendente presuntamente instigó a su subalterno para que alterara el testimonio, incluyendo información falsa sobre la exempleada tomando un servicio de transporte particular después de que se perdiera la plata. Esta información se habría utilizado, al parecer, para justificar una declaración tomada de manera “extemporánea” a un conductor de plataformas de transporte.
“(...) Se incluyó que la exempleada tomó un servicio de transporte particular, luego de culminar su jornada laboral, el día en el que se extraviaron unos dólares. Esta información, presuntamente, se usó para justificar una declaración tomada de manera extemporánea a un conductor de plataformas virtuales de transporte”, estableció la Fiscalía.
La investigación reveló que la entrevista manipulada fue parte del informe de Policía Judicial presentado a la fiscal que ordenó la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y otra persona.
“(...) La investigación da cuenta de que el intendente Quinchanegua, al parecer, presionó a su subalterno, a través de mensajes de texto y de manera verbal, para que procediera irregularmente. La entrevista alterada hizo parte del informe de Policía Judicial presentado a la fiscal que ordenó interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza Buelvas y otra persona, con base en varios elementos suministrados por los imputados por estos hechos”, añadió el ente acusador.