El juez 53 de control de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa del capitán Carlos Andrés Correa Loiza y el subintendente John Fredy Morales Cárdenas, acusados por falsificar el informe que llevo a que se interceptaran las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaban en la vivienda de Laura Sarabia cuando se desapareció la maleta que tenía dinero en efectivo y documentos de seguridad nacional.
Para el juez, no se presentó evidencia que llevara a inferir que se presentara un vencimiento de términos como alegaba la defensa de los dos policías adscritos a la Sijín. Tras hacer un análisis de todas las acciones que se adelantaron en este proceso se señaló que se presentaron conflicto de competencias, apelaciones y revisiones en este proceso, acciones que pueden considerarse como dilaciones.
Todo esto llevó a que el comienzo del juicio presentara varios tropiezos. Pues todas las acciones impulsadas por la defensa de los dos policías “para dilatar la realización de las diligencias” solamente se le pueden ser atribuidas a él y no a la Fiscalía ni a los representantes de víctimas. “Aquí todas las dilaciones, lo repito, no maniobras dilatorias, son atribuibles a la defensa”.
El juez reiteró, en varias oportunidades de su intervención, que todas las demoras en este caso son “atribuibles a la defensa” de los dos policías. ¿Por qué digo dilaciones y no maniobras dilatorias? Porque como lo dije y lo acababa de leer de la sentencia en la cual el estado judicial ha basado la decisión o las resolución se conmuta al total del tiempo trascendido”.
“Aquí no ha habido una situación atribuible a la administración de justicia, llámese Fiscalía, llámese Ministerio Público, llámese juzgado, no sé, a veces los juzgados que no quieren comparecer. Aquí todas las dilaciones son atribuibles a la defensa”, aclaró el funcionario judicial.
Los dos policías, que fueron capturados el 31 de agosto de 2023 junto a una fuente humana, fueron ya acusados por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
Para la Fiscalía General, se concertaron en octubre de 2023 con el fin de lograr que las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea fuera intervenidas para recopilar información que permitiera establecer lo ocurrido con la maleta que tenía dinero en efectivo -se desconoce el monto- y documentos con información del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.
Para lograr esto, falsificaron un informe con el fin de vincular los abonados telefónicos en una investigación que adelantaba un fiscal del Chocó contra alias Siopas, uno de los temidos comandantes de la banda criminal del Clan del Golfo.
En el informe se advertía que los dos números telefónicos correspondían a dos personas de confianza de Siopas. Para esto, se le atribuyó el alias de La Cocinera al abonado de Marelbys Meza, asegurando que era una de las personas más cercanas al criminal, siendo la encargada de prepararle sus alimentos.
En el caso de Fabiola Perea se le atribuyó el sobrenombre de La Madrina, quien era la encargada de los recados del comandante de la banda criminal.
Sin embargo, poco tiempo después los investigadores advirtieron que los dos teléfonos no tenían nada que ver con la investigación que se estaba adelantando.