Luego de presentar todo el material probatorio y de escuchar los testigos que llevó la defensa de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, exsecretarios jurídico y de prensa de la Presidencia de la República, respectivamente, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, la Fiscalía presentó los alegatos de conclusión para pedir al juez de conocimiento una condena en contra de los exfuncionarios.

En el listado de testigos se incluyó a exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el exmagistrado Iván Velásquez y hasta el expresidente Álvaro Uribe; sin embargo, en el juicio ocurrió un hecho que modificó de manera drástica el avance del proceso. La Fiscalía renunció a un gran número de testigos que tenía dispuestos para el juicio y con ello puso en aprietos a la defensa de los exfuncionarios, pues sus testigos estaban agendados para otro tiempo.

Tal situación causó que en las audiencias siguientes la defensa tuvo que pedir aplazamiento mientras lograban ubicar a los testigos, y así se dilató el juicio al punto de que el juez llamó la atención tras considerar que tales aplazamientos llevaron a interpretaciones que surgen alrededor de este proceso, que ya completó más de una década por despachos judiciales.

“No resulta acertado que se despierta suspicacias porque un juez hace cumplir la Constitución y la ley. Es absolutamente paradójico que reciba amonestaciones, censuras, críticas, un juez que obliga a que las audiencias se realicen de manera continua; por eso insta, y así lo comunicará al Consejo Superior de la Judicatura, a los señores defensores a que no se admitirá”, dijo el juez.

El listado de testigos en el juicio se cerró justamente con las declaraciones de los acusados: Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez. Los dos explicaron de manera extensa por qué sus actuaciones estuvieron ajustadas a la ley y que no incurrieron en delitos en el marco de sus funciones, como lo confirmaron algunos de los testigos.

“Cuando yo hablo con el DAS nadie me dice nada. En conclusión, yo me enteré de las grabaciones, las recibí en esa reunión, pero posteriormente fue que me enteré que estas grabaciones se hicieron con equipos del DAS y que habían sido entregados sin ninguna autorización, incluso antes de que yo llegara a la Presidencia”, dijo el exsecretario jurídico del expresidente Álvaro Uribe.

El fiscal del caso leyó en la audiencia los argumentos para pedir una condena en contra de Velásquez y Del Castillo. Argumentos que incluyeron un recuento de las declaraciones de exfuncionarios del DAS, exmagistrados y exjefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos.

“El director general de inteligencia del DAS también afirmó en esta audiencia que el proyecto escalera se dio por esa presión proveniente de la Presidencia la República, y que esos audios de la Corte era tramitados a la Presidencia de la República. Querían conocer de procesos, por ejemplo, de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, Piedad Córdoba y Gustavo Petro”, explicó el fiscal al señalar que las llamadas “chuzadas del DAS” ocurrieron en diferentes capítulos.

Entre las declaraciones, el fiscal se refirió a las que entregó el capitán Fernando Tabares, exdirector de inteligencia del DAS, además del exmagistrado Iván Velásquez y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, sobre el caso conocido como Tasmania y el supuesto plan para asesinar a un paramilitar conocido como René.

“Dijeron que estaban muy contentos con toda la información de la Corte que él está haciendo llegar, que lo felicitan y que por intermedio de la directora del DAS felicita a todos los funcionarios de la subdirección de fuentes humanas. Están muy contentos con la información, según el capitán Tabares Molina en su declaración”, leyó el fiscal en la declaración del exjefe del DAS.

El fiscal insistió al juez que las pruebas y los testimonios presentados a lo largo del juicio son elementos de sobra para obtener una condena en contra de los exfuncionarios y así lo pidió. Que declaren culpables a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez por los delitos que fueron imputados.

Ahora será el juez quien debe estudiar los argumentos de la Fiscalía y los reparos de la defensa para definir si absuelve o condena a los dos exsecretarios de Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe.