El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas se abstuvo de resolver la solicitud de permiso presentada por la defensa de la exdirectora del DAS María Del Pilar Hurtado Afanador. En la resolución de la petición se señala que ese despacho no es el competente para emitir este tipo de autorizaciones.
Frente a esto se señala que la competencia para estos permisos recae sobre los directores de los establecimientos carcelarios, hecho por el cual le trasladó el documento al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), las directivas de la cárcel El Buen Pastor y la guarnición militar de Bogotá en la que se encuentra actualmente privada de su libertad.
En la petición, la exdirectora del organismo solicitó el permiso argumentando que su padre se encuentra hospitalizado por un problema de salud. Frente a esto anexó el certificado médico para sustentar la petición.
La exdirectora del DAS se encuentra actualmente privada de su libertad cumpliendo una condena de 14 años de prisión por su responsabilidad directa en el escándalo de las chuzadas del DAS, ocurridas entre 2007 y 2008 cuando ella estaba al mando del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad y durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
Hurtado Afanador habría ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema –principalmente a aquellos que investigaban la parapolítica–, al periodista Daniel Coronell, la exrepresentante Yidis Medina, los congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como al abogado Ramiro Bejarano.
En septiembre de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la condenó por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. En la decisión se citan más de cien declaraciones y pruebas documentales que señalan que Hurtado participó en las actividades ilegales que se adelantaron al interior del DAS para crear una campaña de desprestigio en contra de un grupo determinado de personas.
Según los testigos, la misma directora del DAS convocaba reuniones periódicas para recibir los informes de los seguimientos y conocer los avances de las actividades de seguimiento e interceptaciones a las líneas telefónicas, así como la obtención de datos reservados sobre los movimientos y actividades de estas personas.
Estos informes se los presentaba personalmente a un grupo de funcionarios de la Presidencia de la República, entre ellos el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, quien también fue condenado a ocho años de prisión por su participación en las chuzadas.
Después de estar prófuga de las autoridades por más de cinco años y no estar presente en todo el juicio, el 31 de enero de 2015 la exdirectora del DAS se entregó a una comisión del CTI de la Fiscalía General en Panamá.
El pasado 20 de octubre solicitó su libertad condicional argumentando que ya cumplió las tres quintas partes de su condena. En la documentación se refirió a su buena conducta y a las actividades de estudio y trabajo que ha desarrollado.