Tras su reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció cuatro medidas para afrontar el caso de las 'chuzadas' ilegales a los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogos con las FARC en La Habana, denunciadas por Semana.com. Ese paquete de decisiones implica la salida del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución, brigadier general Jorge Zuluaga. “Esto, mientras avanzan las investigaciones y buscando mayor transparencia y mayor claridad”, dijo el ministro en la rueda de prensa. Tomó la decisión de la salida de los altos militares de común acuerdo y en consenso con el comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, y el comandante del Ejército Nacional, Juan Pablo Rodríguez. Dentro de las medidas estará el inicio de una investigación disciplinaria en la que los encargados deberán rendir un informe antes de que termine la próxima semana. A esto se suma una investigación de la Justicia Penal Militar, que ya abrió unas indagaciones preliminares, y la Fiscalía también hará lo propio. El ministro aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos de que ni el presidente Juan Manuel Santos, el ministro o comandantes de las fuerzas “han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines de establecidos en la Constitución y la leyes”. Respecto a lo sucedido, el ministro indicó que lo que se ha querido siempre es implementar un comportamiento ético acorde con la labor que cada miembro de la fuerza pública desempeña, por lo que aseguró que este tipo de hechos no se puede tolerar porque son violatorios de la ley. El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que las labores de inteligencia son amparadas por la Corte Constitucional, pero cuando estas tienden a proteger la seguridad nacional y no para violar derechos fundamentales como el de la intimidad. Fiscalía El fiscal general, Eduardo, Montealegre anunció que se adelantará una investigación para determinar si existió una extralimitación de funciones por parte de los miembros de inteligencia del Ejército que podrían estar vinculados con el tema de ‘chuzadas’. “La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal y contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de los 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el días del allanamiento”, dijo. Montealegre fue enfático en que con los elementos incautados se va a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad Nacional o si se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución.