“Y es que a mí me van a matar”. De esta manera, el alcalde del municipio de El Roble (Sucre), Luis Edualdo Díaz, le manifestó al presidente Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunitario llevado a cabo el 2 de febrero de 2003, que existía un plan para asesinarlo. Esto debido a las denuncias que había hecho sobre la relación que existía entre los grupos paramilitares que delinquían en el norte del país y varios dirigentes políticos de la región.
Tan solo dos meses después de este anuncio, el mandatario fue retenido por hombres fuertemente armados. Su cuerpo, con dos impactos de bala, apareció en el sector conocido como ‘Boca del Zorro, a la afueras de Sincelejo. El cuerpo de Díaz registraba evidentes signos de tortura.
Pese a que por este crimen fue condenado a 40 años de prisión -en 2009 por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia- el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, en calidad de determinador (es decir, quien ordenó el asesinato), los familiares de Díaz consideran que la verdad y reparación en este caso ha sido casi nula, puesto que existen otras personas vinculadas con este asesinato que nunca han sido tocadas por la justicia.
Debido a esto, tocaron las puertas del organismo internacional con el fin que se emita una condena. En la demanda, radicada hace más de diez años, se indica que pese a la advertencia que hizo el mismo Edualdo Díaz sobre las amenazas que existían en su contra y el riesgo que corría su vida, las autoridades no tomaron acciones inmediatas, lo que llevó al fatal suceso de su secuestro, tortura y homicidio.
La CIDH aceptó la petición hecha por los demandantes y consideró que, en efecto, existen méritos para abrir un expediente por este caso y verificar si le cabe responsabilidad al Estado en la omisión de acciones para investigar y juzgar a los otros responsables, así como las fallas en brindarle protección al mandatario.
“Los peticionarios argumentan que la investigación penal no ha sido eficaz, puesto que, a la fecha, más de 17 años desde que ocurrieron los hechos, solo existen dos condenas en firme”, precisó la CIDH al resolver la petición. A pesar de que desde hace varios años se emitió la sentencia contra la exdirectora de la cárcel de Sincelejo, hasta el momento se encuentra prófuga de la justicia.
“Tampoco han sido sancionados la totalidad de los autores materiales o intelectuales, y concluyen que existen preocupaciones generales en torno a la efectividad de las sanciones la totalidad de los autores materiales o intelectuales, y concluyen que existen preocupaciones generales en torno a la efectividad de las sanciones impuestas en contra de paramilitares”, señala la CIDH.
Igualmente, la demanda administrativa para lograr una reparación integral se ha visto afectada por la acción de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió no avalar las peticiones de los accionantes, lo que fue considerado como una afectación para las víctimas.
Considerando que se agotaron todos los recursos que establece la ley colombiana, los familiares de Edualdo Díaz pidieron que se tomen las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia y condenar así a todos los responsables de este crimen.
Por estos hechos fue vinculado directamente el temido comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, cuyo paradero se desconoce desde 2005 cuando el carro en el que se movilizaba apareció incinerado.