La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está atenta al hallazgo de una fosa común en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, donde estarían los cuerpos de cerca de cincuenta campesinos que habrían sido asesinados por parte de militares durante las épocas de los falsos positivos. El organismo le pidió al país que continúe con las labores de exhumación, informe de hallazgos y que se haga la identificación de los cadáveres, a la vez que se protege el caso. A través de un pronunciamiento del organismo en su cuenta de Twiter, se le recordó a Colombia que "el deber de investigar estos hechos subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de las personas desaparecidas y se sancione a los responsables".El caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido revelado por SEMANA, quien obtuvo información de que este procedimiento se estaba llevando a cabo al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), gracias al testimonio de un soldado que ha trascendido por su apellido: Buitrago, que habría participado en los operativos en contra de civiles.
Según se calcula, el batallón del que hacía parte Buitrago pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en dos añosí. Según publicó SEMANA, Buitrago calcula que participó en unos 20, pero en un documento de la JEP se estiman alrededor de 50. “Casi todos estos casos han pasado de agache para la Justicia. Solo Pedraza –el suboficial que un día ordenó desfigurar un cadáver con una M60– lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle sumido en las drogas al que mostraron como un guerrillero dado de baja en combate. Pero es una excepción, porque casi todos los uniformados vinculados con estos hechos nunca han sido procesados. Son casos impunes”. Ahora el Estado colombiano tiene la obligación de que se lleve verdad y reparación a los familiares de inocentes que, al parecer, fueron asesinados por inflar cifras de victorias en combate en contra de estructuras criminales. Los organismos internacionales empiezan a vigilar que se cumpla con las víctimas.