La comunidad internacional le pone la lupa al Gobierno colombiano por las revelaciones que, bajo el título Las carpetas secretas, hizo en exclusiva SEMANA sobre cómo algunos miembros del Ejército ejecutaron un programa de seguimiento informático en el cual la mayoría de los blancos fueron periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros. Este jueves, a través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortaron al gobierno del presidente Duque a "establecer una investigación diligente, oportuna e independiente". El pronunciamiento se conoce cuatro meses después de que este mismo organismo manifestó su preocupación cuando, a través de la carátula Chuzadas sin cuartel, esta misma revista hizo pública la primera entrega.
Para la CIDH, "el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo".
A pesar de que algunos de los responsables directos, entre coroneles y generales, han tratado de justificar los perfiles argumentando que se trata de datos obtenidos por fuentes abiertas y redes sociales, el organismo internacional sostiene que, incluso de ser así, existen unos protocolos y la recolección sistematizada de datos públicos también constituye una injerencia en la vida privada de las personas. "El hecho de que la persona deje rastros públicos de sus actividades (en internet de manera inevitable) no habilita al Estado a recolectarla sistemáticamente salvo en las circunstancias específicas donde dicha injerencia estuviera justificada", se lee en uno de los apartes del comunicado. Esta lectura también incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información.
Un día después de que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 miembros del Ejército, la CIDH se enfocó en una de las aristas más polémicas del proceso: "Investigar la posible vinculación de altas autoridades dentro y fuera de la cadena de mando con intereses particulares o políticos como destinatarios finales de la información recolectada ilegalmente, y con ese fin disponer de todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación". Finalmente, no solo hizo un llamado para que los resultados se pongan en conocimiento de la opinión y las víctimas directas, sino también para que el Gobierno tome decisiones de fondo que permitan detener los seguimientos y las interceptaciones ilegales por parte de los organismos de inteligencia o de cualquier otra agencia del Estado. No es la primera vez que este organismo se pronuncia sobre el tema. También lo hizo en 2004, 2009 y 2014. Es decir, cuando el país conoció las chuzadas del DAS y la denominada Operación Andrómeda.