Integrantes de la fuerza pública retirados, que está en desacuerdo con la política de seguridad nacional del gobierno del presidente Gustavo Petro, se tomaron la Plaza de Bolívar en Bogotá para mostrar su inconformismo.
Sin distinción de grados, los exuniformados se unieron para rechazar el cese al fuego que decretó el Gobierno nacional con las estructuras criminales y que han dejado prácticamente -dicen ellos- con las manos amarradas a las tropas.
Otros como el soldado profesional retirado Javier Alzate, aseguró que salió a marchar porque el gobierno actual lo sacó de la institución sin darle la oportunidad de cumplir con el año de reintegro a la vida civil que tienen por ley.
Otros también criticaron los bajos resultados que ha tenido la política de seguridad del gobierno actual, en donde las incautaciones de cocaína, marihuana y heroína muestran resultados negativos en comparación con el año pasado.
También para rechazar la falta de apoyo que recibieron los policías en la vereda de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en donde un subintendente fue asesinado y más de 70 miembros del Esmad secuestrados.
En las imágenes se observa a cientos de integrantes de la fuerza pública de la reserva activa con sus uniformes puestos, asumiendo otra batalla, esta vez sin armas, para rechazar el manejo que el Gobierno nacional le está dando a la fuerza pública.
El drama que viven otros 900 soldados que no fueron incluidos en resolución que frena la salida abrupta de militares en el Ejército
“Desde que salí del Ejército el 30 de enero he vivido un completo drama. Esta es la hora que no he podido ni siquiera ingresar a estudiar al Sena; a través del convenio que tienen con el Ejército, estamos inscritos, pero no nos han querido llamar a iniciar clases, tampoco he podido conseguir trabajo”, son las palabras del soldado profesional Javier Alzate, quien aseguró que fue sacado de manera burda de parte del Ejército, sin que le dieran el beneficio de cumplir con el año que los alista para el reintegro de la vida civil.
Así como Alzate, se encuentra el también soldado profesional Nicolás Loaiza, quien también fue retirado de la misma manera que su compañero. Según Loaiza, si bien el Ministerio de Defensa expidió una resolución para frenar la salida abrupta de los militares que ya cumplieron los 20 años de servicio y tienen derecho a la asignación de retiro, dicho documento rige a partir del mes de abril y a quienes siguen activos.
“En el mes de enero fueron sacados 228 soldados de manera abrupta, y en marzo, otros 748, para un total de 976 soldados a los que no se nos respetó el año del programa de asistencia para reintegrarse a la vida civil, queremos que se nos reintegre al Ejército para que podamos cumplir con ese derecho”, indicó Loaiza.
Por su parte, Alzate señaló que para los meses de octubre y noviembre del año pasado, como aún era soldado activo, se encontraba estudiando, pero a raíz de su baja en la institución por tiempo cumplido y no ser incluido en el programa de reintegro a la vida civil, perdió el beneficio del estudio. “Esas fallas las maneja el Comando de Personal, el famoso Coper”, dijo Alzate.
Lo único que Alzate y Loaiza piden a la institución, a la cual le sirvieron por más de 20 años, es que les respeten sus derechos fundamentales que están, además, consagrados en las normas del propio Ejército, y que hoy no las está cumpliendo, según ellos.
Por el momento, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército han guardado silencio sobre la situación de estos otros cerca de mil soldados que, aseguran algunos de ellos, se vieron afectados por una decisión, que consideran arbitraria por parte de la fuerza.