Fue cerrada la vía en el puente Puerto León, corregimiento de Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, en la mañana de este martes 19 de octubre de 2021 por un posible cilindro bomba que fue dejado en esta zona, al parecer, por hombres armados pertenecientes a la guerrilla del ELN.
En el lugar también fue dejado un pasacalle con mensajes alusivos a ese grupo armado. “Atendimos una inquietud de los ciudadanos de ese sector, donde denunciaron que instalaron un cilindro que tenía al parecer una pancarta del ELN, en este momento estamos atendiendo la situación con todos los protocolos para hacer la detonación controlada en caso de que el elemento contenga carga explosiva”, dijo el comandante de la Policía de Cúcuta, general Óscar Moreno.
Hasta el puente donde está el presunto cilindro bomba llegó un grupo de militares antiexplosivos, así como de Policía, para desactivar la posible carga explosiva de este objeto. Esta parte de la zona rural de Cúcuta es una de las más convulsionadas, pues ahí se libra una guerra entre ELN y las Autodenfesas Gaitanistas de Colombia por el control del narcotráfico, extorsiones y paso de contrabando.
Investigación a militares
Por otro lado, también en Cúcuta, como SEMANA había anticipado, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario a siete militares del Ejército Nacional, por la presunta omisión en la aplicación de los protocolos de seguridad al interior del cantón San Jorge el 15 de junio pasado, cuando fue activado un carro bomba al interior de esa instalación militar.
La decisión disciplinaria cobija al comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional con sede en Cúcuta para la época de los hechos, coronel Ilvar Orlando González Villamil, a otros tres oficiales y tres suboficiales: el jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexander Carrero Salcedo.
También fueron llamados el comandante de guardia en la fecha del atentado, sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López; el suboficial de administración, sargento segundo Mario Andrés López Roque, y el cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien prestaba su servicio en la entrada principal del cantón San Jorge el día de los hechos.
A juicio del Ministerio Público, “al parecer no se habrían adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada y del personal que allí labora, entre otras, ya que, no se habría ordenado la disposición de un soldado apoyado por un canino antiexplosivos, situación que “según los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos”.
La Procuraduría señaló que el comandante de la Brigada 30 “debió gestionar, adelantar, facilitar, en fin, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos y correspondiente inspección a fin de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta del coronel González Villamil, de los sargentos Espejo López y López Aguirre, así como del cabo segundo Pava Caviedes como una falta grave cometida a título de culpa.
En el caso del coronel Vega Losada, el teniente coronel Sarmiento Gutiérrez y el mayor Carrero Salcedo, el Ministerio Público calificó su presunta conducta como “una falta gravísima cometida a título de dolo”, es decir que se habría hecho con intención.