SEMANA conoció que en los procesos licitatorios de obras aeroportuarias de los municipios de Tulú (Sucre), Riohacha (La Guajira), Puerto Carreño (Vichada), Yopal (Casanare) Valledupar (Cesar), Mompox (Bolívar) y Cúcuta (Norte de Santander), se habrían registrado irregularidades que violan la ley 80 y en las que incluso se presentaría colusión.
Ante la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación denunciaron que la Aeronáutica Civil modificó el reloj que cerraba el proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), violando la ley, todo se habría dado en el proceso 23001131 H4 2023, con el que se pretende realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire; incluyendo ayudas visuales del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, Casanare. Para este, el presupuesto es de 26.000 millones, aproximadamente.
Las normas colombianas establecen que tres días hábiles antes del cierre que da apertura para conocer los oferentes no se permiten cambios, eso se hace con la finalidad de garantizar transparencia y que a última hora no cambien condiciones que solo conocen unos pocos a conveniencia. Sin embargo, llama la atención que en el proceso mencionado que tenía cierre el 19 de febrero a las 10:00 de la mañana, un día hábil antes, es decir, el 16 de febrero la Aerocivil emitió a las 7:08 de la noche la resolución 279, en la que “se sanea un vicio en el procedimiento del proceso de selección por Licitación Pública” y señalan que todo el proceso se corre tres días, pero no establecen un nuevo cronograma con fecha y hora de cierre exacta.
La fecha de cierre permaneció vigente en la plataforma del Secop II como estaba prevista (19 de febrero a las 10:00 a.m.) solo un oferente se presentó antes del cierre, pero la Aerocivil casi 9 horas después (6:56:14 p.m.) sorpresivamente volvió a activar el reloj. Lo que consideran algunos expertos en contratación es que los que presentaron la oferta después del tiempo no estarían habilitados, porque se realizó su inscripción de forma extemporánea, lo que pedían era que la Aerocivil declinara ese proceso que estaría viciado y lo abriera de nuevo, pero se negaron a hacerlo, quizás para no afectar la ejecución. Sin embargo, ahora se enfrentan a un complejo pleito jurídico.
Pero ese no es el único, en la Superintendencia de Industria y Comercio hay denuncia radicada sobre el proceso 23001165, que adelantó la Aeronáutica Civil. Llama la atención que se empezó la licitación para realizar la construcción de las bases del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves (SEI) y obras complementarias de los aeropuertos de Valledupar, Mompox y Cúcuta.
En su totalidad este es un contrato para el que se destinaron aproximadamente 30.000 millones de pesos. Por la magnitud de la obra, se requería especificar el costo en cientos de ítems. Cada oferente presentaba su cotización, la probabilidad de que coincidieran en los más de 300 ítems es casi nula, incluso en centavos puede variar. Pero al revisar con detenimiento las ofertas, se evidencia que las de dos oferentes son exactamente las mismas.
Las firmas que coincidieron son por un lado el Consorcio Aeropuerto Colombia, conformado por Jacb Cosntrucciones SAS con un 95 % y Julián Andrés Cogollo Briceño 5 % y por el otro el Consorcio Sedes Vamocu 2024 conformado Safrid Ingenieria SAS con un 50 % de la sociedad, Concitec 49 % y Jesús Johann Buendía Rodríguez 1 %.
En el lote de Valledupar sus ofertas económicas son exactamente iguales, tanto así que la totalidad de los dos coincidió en $9.290.677.365.00. En el lote de Mompox y Cúcuta sus ofertas tienen comportamientos similares.
Aunque finalmente ninguno de los dos se quedó con el contrato, la Aerocivil fue advertida de las presuntas irregularidades que se habrían cometido, al considerar que quizás estas dos entidades se habrían puesto de acuerdo para burlar la ley y tener más oportunidades de que el contrato quedara en alguno de ellos.
Al parecer la entidad pasó desapercibida la alerta y permitió que JACB construcciones SAS y Julián Andrés Cogollo, señalados de, al parecer, haber incurrido en colusión, le adjudicaran un contrato de obra en el aeropuerto de Barrancabermeja.
Hay un contrato por 129.000 millones de pesos que también está siendo cuestionado, es con el que se espera realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú, Sucre.
En este proceso, en la etapa de audiencia de adjudicación le realizaron observación al oferente Consorcio Aerotolu 2023, le indicaron en medio del proceso que desde la etapa de entrega de ofertas le faltó incluir uno de los contratos que tenía en ejecución en su capacidad residual, a pesar de que esta es una causal de rechazo, la Aerocivil le permitió incluir el contrato por medio de la subsanación y lo mantuvo habilitado dentro del proceso.
De hecho, cuando se abrieron los sobres económicos con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) definida, el oferente Consorcio Aeropuerto Tolu SC pide a la entidad que se revise de nuevo la experiencia del oferente, un punto que ya había sido discutido y que no podía tener modificaciones para ese momento.
Sin embargo, para sorpresa de quienes conocieron el proceso, la Aerocivil sí permitió cambios. Luego de varios días, la entidad le da traslado por 5 días devolviéndose en las etapas y dando como resultado final la eliminación del primer aferente, a pesar de que esta observación ya había sido realizada en la etapa de observaciones al informe preliminar y donde en esa ocasión la respuesta de la entidad fue a favor del mismo que ahora estaba castigando. Con él fuera de la competencia, la fórmula cambió y terminó ganando Sonacol S.A.S, Constructora LHS S.A.S y Kma Construcciones S.A.S.
Para las obras del aeropuerto de Riohacha, La Guajira, también realizaron una licitación de Obra Pública, la identificada como 23001170 H4 de 2023, esta también tiene claros cuestionamientos. Pues ante los entes de control han advertido que para esta audiencia la Aerocivil no habría respetado lo expresado en el matriz de experiencia y con una interpretación del glosario permitió experiencias no especificadas, ni en el pliego, ni en la mencionada matriz, para habilitar a dos proponentes sin estos tener la experiencia acorde al tipo de infraestructura a construir.
El objeto del contrato es realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje; mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (vf)”, el oferente al parecer no tenía como certificar que había hecho cunetas de gran proporción, como las que se requieren en un aeropuerto, y a él le aceptaron la experiencia en la realización de canales que van en las vías que, según un experto en obras, la experiencia es abismal y podría representar a futuro afectaciones.
La ley estableció que para combatir la corrupción se crearán unos contratos tipo, a los cuales no se les puede hacer modificaciones ni interpretaciones, y así combatir los llamados tipos sastre que terminan siendo a la medida del oferente favorecido. Por eso en la matriz de esta licitación estaba claro que la experiencia debía ser de alta complejidad, lo que se justifica con mayor certeza que la experiencia solicitada debe ser en el tipo infraestructura a realizar, con el fin de poder lograr el objetivo del proyecto.
Consorcio Infraestructura Riohacha presentó en su experiencia canales o drenajes en vías, siendo estas validadas por la entidad sin tener presente que estos no son comparables con el tipo de infraestructura a realizar, no son iguales unas cunetas en las vías que unos canales o drenajes en un aeropuerto, el método constructivo, las dimensiones, los niveles de complejidad y logísticas para la ejecución de esta actividad son totalmente diferentes.
Así mismo, habilitan el proponente Consorcio Pista Padilla 2024, sin contar con la experiencia especifica, debido a que en la experiencia aportada por este oferente se evidencian actividades de mantenimiento más no de construcción o conformación o adecuación o nivelación de franjas de seguridad como lo exige el pliego y, además, en las otras actividades demostradas se evidencia que estas fueron realizadas por fuera de las franjas de seguridad del aeropuerto y a pesar de esta situación la entidad decide validar esta oferta.
En otras licitaciones, como en la de las adecuaciones del aeropuerto de Puerto Carreño, Vichada, se habrían permitido ajustes que significarían sobre costos importantes. Permitieron que el oferente cobrara menos en la oferta, indicando que compraría un material más económico, pero no aclaró en su momento que ese material no se encontraría cerca así que el Estado tendrá que asumir los costos de transporte que sube en cientos de millones los costos.
En varios fragmentos del proceso se lee que los costos de transporte deberán ser asumidos por el contratista, pero las reglas al parecer fueron cambiando a medida que avanzaba la licitación, el oferente inicialmente dijo que sus costos eran más bajos, porque eran dueños de maquinaria, y eso ahorraba gastos. Pero no tuvieron en cuenta que estas eran obsoletas para los requerimientos técnicos. Al momento de ajustar la oferta indicaron que les tocaba subcontratar lo que aumentaba los costos. Pero como era una oferta que ya no se podía modificar, les fue fácil decir que los costos de transporte lo asumiría el cliente.
En conclusión, el precio de la mezcla asfáltica estaría variando por los transportes y la diferencia en los combustibles en más de 30 mil pesos, situaciones que demuestran que fue mal evaluado por la entidad y que el precio de la mezcla asfáltica estaría por encima del valor presentado.