La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputará cargos a los generales en retiro Jaime Lasprilla Villamizar; el brigadier general William Pérez Laiseca; así como los mayores Édgar Rodríguez y Marcos Evangelista Pinto, por su participación y conocimientos en 32 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento del Huila.
Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los oficiales del Ejército Nacional dieron órdenes precisas para detener a civiles ajenos al conflicto con el fin de asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Esto para demostrar resultados operacionales.
La Sala revisó un centenar de testimonios para establecer los “patrones” que se presentaron en medio de la presentación de bajas en combate por parte de las tropas del Ejército Nacional que operaban en el departamento del Huila entre los años de 2005 y 2008.
“Los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales”, explicó el magistrado Alejandro Ramelli de la Sala Reconocimiento de la Verdad.
En el anuncio de la imputación se señaló que los militares, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada; deberán responder 200 casos de falsos positivos, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio.
“Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”, detalló el magistrado Ramelli en la mañana de este lunes.
En el análisis del caso, la Sala de Reconocimiento indicó que con estas acciones los oficiales intentaron demostrar resultados operacionales en esa región del país para así obtener ascensos, reconocimientos y vacaciones.
Desde un principio sabían que los civiles retenidos no hacían parte de la guerrilla de las Farc y pese a esto los presentaron, en los informes oficiales, como subversivos abatidos en combate. “La Sala de Reconocimiento de la Verdad logró esclarecer la ocurrencia de conductas criminales perpetradas en la región hace varios años y sobre los que la Justicia Penal Militar no logró avances significativos, pese a las denuncias que hubo en su momento”.
En este caso, la Sala pudo identificar tres patrones de conducta de los oficiales del Ejército, entre los que se destacan la estigmatización de las víctimas “mediante un señalamientos arbitrarios de pertenecer un grupo armado. La preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación”.
Igualmente, “se buscaba lograr la percepción de ‘debilitamiento del enemigo’ y se alegaba debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados”. Las víctimas eran personas de bajos recursos, con problemas de drogadicción o habitantes de calle. “Estas acciones se basaban en actividades de inteligencia que contradecían los procedimientos de la doctrina militar”.
Entre los casos reseñados se encuentra el de Juan Cristóbal Alvarado, señalado como miliciano de las Farc. “Fue asesinado frente a su hijo de cinco años. Al señor Alvarado le implantaron un arma corta que había sido incautada y no reportada, los militares se repartieron un poco más de 100 mil pesos que le encontraron en los bolsillos. Ellos mismos hicieron el levantamiento del cadáver”, explicó el magistrado Ramelli.