En el escrito de acusación conocido en su integridad por SEMANA en contra del ahora exsenador Ciro Ramírez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avaló una decena de testimonios que señalan al dirigente político como uno de los cerebros de la red de corrupción que direccionó millonarios contratos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Para esto, Ramírez -quien actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá- utilizó su cargo e influencias para obtener contratos de obra pública e infraestructura en los departamentos del Tolima, Santander y Quindío y Valle del Cauca, principalmente, con recursos administrados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en cabeza de Pierre Eugenio García Jacquier.
La Sala de Instrucción, después de recolectar evidencia testimonial y documental, llegó a la conclusión que el entonces senador Ciro Ramírez “ideó, urdió, organizó y dirigió un entramado criminal que tuvo por finalidad la comisión de delitos indeterminados, pero determinables, contra la administración pública”.
Para lograr los objetivos de direccionamiento y entrega de contratos, se apoyó en contratistas, particulares y una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). “Mediante este negocio jurídico se asignó a Proyecta, empresa del orden departamental de una ‘bolsa’ de 49.600 millones de pesos para que, con esa considerable cantidad de recursos públicos, gerenciara la ejecución de infraestructura e interventorías en varios municipios”.
Con su actuar, advirtió la Corte Suprema, el entonces congresista oriundo de Boyacá, trasgredió los principios constitucionales y legales de la contratación pública, afectando de esta forma los recursos del Estado para la satisfacción de un pequeño grupo de personas. “Lo que permitió, como fue concebido por los concertados desde la consumación del pacto criminal, que los negocios jurídicos correspondientes, a través de una formal o aparente satisfacción en todo caso de los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva”.
Dándole credibilidad a una decena de testigos y pruebas documentales, la Sala de Instrucción concluyó que Ciro Ramírez dio instrucciones precisas frente a la entrega de los contratos. “Ejecutó actos contrarios a sus deberes funcionales por los cuales, en contraprestación, había accedido, tanto a promesas remuneratorias, como a utilidades consistentes en apoyos políticos que hacían más viable su reelección”.
Teniendo en cuenta lo dicho por varios testigos se concluyó que el dirigente político movió sus influencias para lograr la obtención y posterior designación de los contratos. “Desplegó, en forma directa o mediante instrucciones impartidas o convenidas con terceros, las acciones necesarias, según resultó del caso, para la consecución de ese cometido ilícito y protervo con el cual resultaron afectados los intereses jurídicos de la seguridad y la administración pública”.
En el último aparte del escrito de acusación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia manifestó que el exsenador Ciro Ramírez debe seguir privado de su libertad en centro carcelario. Esto con el fin de evitar la obstrucción a la justicia y presión a testigos. Entre estos, a Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, quien reveló que recibió una visita en la cárcel del congresista.
En los próximos días se fijará la fecha del inicio de juicio contra el exsenador que deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.