Un fiscal delegado ante la Corte Suprema citó a audiencia de imputación de cargos al gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, por posibles irregularidades de contratación en la Gobernación de San Andrés en el manejo de la crisis generada por la covid-19. De acuerdo con el ente acusador, Hawkins tendrá que responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
“Durante más de 45 días, investigadores del CTI y policía judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia realizaron varias actividades y verificaciones al proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19”, se lee en el comunicado emitido este viernes. Según la Fiscalía, el gobernador del departamento, Everth Julio Hawkins, fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo. “En la visita de seguimiento realizada a San Andrés el pasado 27 de junio por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y la delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver; con el apoyo de la directora Seccional, Tatiana Angulo Meléndez, se conocieron los pormenores de los hechos investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema y su impacto en la comunidad, principalmente, la afectación en los sectores de la salud, recreación y educación, por lo que se priorizaron tres casos más.”
Tras la visita, se habría encontrado que el gobernador del archipiélago, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente. Adicionalmente, el titular del caso estableció que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir el contrato por 500 millones de pesos, el 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de $86’800.000. Suma de dinero que habría sido pagada por el departamento. “Para el funcionario, además de vulnerar principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonia”, asegura el ente acusador. Además de la cita a la imputación de cargos, también se Se solicitará medida de detención domiciliaria para el gobernador.