La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 016-2024 para el sur del departamento del Casanare, en las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, debido al riesgo que enfrentan por la disputa territorial entre grupos armados ilegales. Estos grupos incluyen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Farc.

La AT 016 detalla tres escenarios de riesgo: el control armado ilegal de las AGC, su accionar violento y la injerencia del ELN y disidencias de las Farc. Las AGC, en su proceso de expansión, han desplazado violentamente a otras estructuras, logrando “supremacía y control en la región”, afectando a las comunidades rurales y urbanas.

Las disidencias de las Farc se disputan el control territorial con el Clan del Golfo y el ELN. | Foto: Colprensa

Los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema, generando temor, intimidación y reclutamiento de jóvenes vulnerables. Las comunidades en riesgo incluyen organizaciones comunitarias, campesinas, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos, agricultores, ganaderos, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes y estudiantes.

Por estos hechos, la Defensoría ha solicitado a diversas entidades implementar 28 recomendaciones para proteger a las comunidades. Entre estas, se insta al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares a realizar operativos de patrullaje y control, y a la Policía del departamento a establecer puestos de control en las zonas afectadas. También se hacen recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio Público y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros entes.

EL Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha azotado a las comunidades del Casanare desde hace años. | Foto: COLPRENSA ©

Alerta en Córdoba por acciones del Clan del Golfo

De otro lado, los municipios cordobeses de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento se encuentran en una grave situación de riesgo por el accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente el Clan del Golfo.

El riesgo para la población civil, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se debe a la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial entre miembros del Clan del Golfo y grupos locales de delincuencia común organizada, así como retaliaciones entre grupos de “limpieza social”. Por eso, la entidad emitió en abril pasado la Alerta Temprana 011 de 2024.

La Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que expresaron interés por la 'paz total', siguen amedrentando a la población en Casanare y Córdoba. | Foto: Revista Semana

Estas poblaciones conforman el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba, con vínculos ancestrales a lazos étnicos, culturales, económicos y de familiaridad con otros municipios sucreños, donde también se han identificado situaciones de riesgo para la población.

El control poblacional y territorial del ‘Frente Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo, que avanza violentamente desde Montería, Cereté y Planeta Rica hacia espacios del Medio Sinú y Sabanas, busca crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño y La Mojana con el golfo de Morrosquillo, según la Defensoría. Esto ha generado un escenario de disputa asimétrica entre el ‘Frente Javier Yepes’ y el ‘Frente Manuel José Gaitán’, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona.