La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en la tarde de este martes 26 de julio sobre los serios inconvenientes que se han presentado en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre, sobre la cual la interventoría ha denunciado deficiencias en el cumplimiento de los hitos.
Según lo aseguró la mandataria local, la Alcaldía de Bogotá no va a permitir que se le entregue a la ciudad una PTAR Salitre con deficiencias frente a la obra que verdaderamente se contrató en 2016.
“Nos preocupa que reiteradamente los informes de la interventoría e informes del Banco Mundial han manifestado que al día de hoy no se ha cumplido con los estándares técnicos que se contrataron con los recursos de los bogotanos”, señaló López.
El diseño y construcción de la PTAR Salitre está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a través de un contrato suscrito con el Consorcio CEPS (conformado por la empresa española Aqualia Infraestructura, la griega Aktor Technical Societe y la colombiana Cass Constructores y Compañía).
“Está previsto que para septiembre de este año, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá debe empezar a operar la planta que le entregue la CAR, pero queremos advertir que nosotros solo vamos a operar la planta que se contrató, que hemos pagado y que debe tener los equipos y estándares técnicos que se definieron, de lo contrario tendríamos muchos riesgos para el bolsillo de los colombianos”, señaló López.
La burgomaestre explicó que a pesar de que tan solo faltan 52 días para que finalice el contrato, a la fecha no se cumple con la calidad y cantidad de los equipos que se contrataron. El 31 % de los equipos críticos (de los 90 necesarios y básicos para operar) están por fuera de operación o presentan fallas reiteradas.
Así mismo, el sistema de monitoreo, automatismo y control (Scada) de la planta no funciona, presenta deficiencias, con equipos y áreas completas desconectadas del sistema y equipos que están conectados, pero sin funcionar. Esta situación hace imposible la operación automática de la planta, como exige el contrato, e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo.
Ante esta situación, López fue tajante al advertir que la descontaminación del río Bogotá está en riesgo. “Si los equipos no se entregan en condiciones adecuadas, se pueden presentar problemas de operación que impedirán la descontaminación del río Bogotá”, dijo.
Ahora, de entregarse la PTAR con estas falencias, Bogotá tendría que sacar dinero adicional, pero la alcaldesa López afirmó que no lo va a permitir.
“Los recursos de todos los bogotanos están en riesgo. La planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con su contribución por impuesto predial a la CAR. Si la PTAR Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos (a través de las tarifas), para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento”, señaló la alcaldesa López.
Según estimaciones de la Empresa de Acueducto, las inversiones que se tendrían que hacer con cargo a los recursos de los bogotanos si la CAR y el contratista CEPS no entrega la planta completa y adecuadamente, son del orden de $104 mil millones (por reposición de equipos y finalización de algunas obras principales), y aproximadamente $16 mil millones adicionales anual a lo planificado por la operación de la planta en las condiciones actuales”, señaló López.
La mandataria puntualizó: “La CAR y el contratista CEPS, como responsables del proyecto, deben cumplirles a los bogotanos por una planta de tratamiento en óptimas condiciones, y por el cabal cumplimiento del contrato para garantizarle a la ciudad su operación con el fin de lograr la descontaminación del río Bogotá”.
De cumplirse la fecha de finalización del contrato y de persistir fallas en la PTAR Salitre, la Alcaldía de Bogotá no descarta en establecer medidas jurídicas en contra del CAR Cundinamarca, pues la ciudad ya le pagó el dinero correspondiente a esta entidad para la construcción de la PTAR y es la CAR la que debe garantizar que el contrato se cumpla a cabalidad.
Este fuerte pronunciamiento de la Alcaldía de Bogotá se da días después de que la magistrada Nelly Villamizar emitiera un nuevo auto ordenando a la CAR el pago inmediato al contratista de la PTAR, una decisión que no comparte la administración distrital a raíz de las deficiencias que se han evidenciado.