Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el informe en el que brindó varias conclusiones y recomendaciones tras su visita al país en medio del paro nacional, se han generado reacciones a favor y en contra.
tomando como referencia a ese documento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al Gobierno nacional reparar a las víctimas que se hayan registrado en casos de supuesto abuso de autoridad en medio de las protestas.
“Esperamos que el Gobierno nacional avance con la recomendación que ha dado la CIDH de tener un programa nacional de reparación a las víctimas de abuso policial”, aseguró López en declaraciones dadas a Canal Capital.
La mandataria señaló que desde la administración local se vienen adelantando labores para esclarecer las denuncias relacionadas a estos hechos en la ciudad y dijo que en el caso de Bogotá acatará las recomendaciones hechas por la CIDH.
No es la primera vez que la mandataria cuestiona al Gobierno en ese sentido. En reiteradas ocasiones ha criticado la gestión del presidente Iván Duque y su gabinete, especialmente en medio del paro. Con respecto a la Policía, la mandataria también ha tenido varios desencuentros.
Se ha evidenciado una relación conflictiva y muchos le reclaman mayor autoridad, especialmente porque en campaña decía que, de ser elegida, sería la jefe de la Policía en la capital. “La jefatura de Policía no se puede delegar. Seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes”, dijo en ese entonces.
En reiteradas ocasiones ha buscado desmarcarse de las acciones de la fuerza pública que han resultado polémicas. Así sucedió al comienzo de las manifestaciones cuando un helicóptero de la Policía tuvo que aterrizar de emergencia en el sur de la capital para evitar que los buses de TransMilenio del Portal de las Américas fueran vandalizados.
A pesar de que al momento de haber sucedido el hecho la mandataria aseguró no haber dado esa autorización, posteriormente reconoció que el helicóptero no tenía donde más hacer esa maniobra.
“Desafortunadamente no hay un helipuerto, tenían que encontrar un sitio plano, más o menos seguro donde bajar y dejar apoyo logístico de la Policía”, aseguró, a pesar de que antes había enfatizado que esa maniobra violaba los protocolos de derechos humanos.
Otra de las polémicas declaraciones que han hecho ver las diferencias que hay desde la Alcaldía de Bogotá con el Gobierno y la fuerza pública, fue cuando el año pasado, en medio de otras protestas, dijo: “Ni Policía ni Esmad tienen autorización para quitarles ojos a nuestros jóvenes”, haciendo referencia a los manifestantes que han resultado con lesiones oculares.
En general, desde diversos sectores le han cuestionado a López su posición con la Policía y el Gobierno nacional.
Recientemente, su exsecretario de Seguridad, Hugo Acero, renunció a su cargo, argumentando razones personales. Y aunque en la rueda de prensa se mostraron cordiales, lo cierto es que Acero habló de agotamiento, y previamente se habían evidenciado desencuentros entre ambos.
Es recordada la vez que, delante de oficiales del Ejército y otros funcionarios de la administración local, la mandataria recriminó a Acero por la inseguridad que se vive en el centro de la capital. El hecho se dio en medio de una transmisión pública que se hacía desde el Bronx.
Ahora, su nuevo secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, ha llegado al cargo con enormes retos para trabajar de la mano de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hasta ahora su labor ha sido tenue, pero en la rueda de prensa en la que fue presentado aseguró que tiene el mayor afecto y respeto por la institución. “Es la Policía de todos los colombianos; y tengo la convicción de que quienes portan el uniforme son y deben ser los principales defensores de los derechos de la ciudadanía”, dijo.
Sin embargo, con su nombramiento también se generaron algunas dudas. Por ejemplo, en una columna digital que había escrito de Soto para SEMANA unos meses antes, habló de crear un programa ideado a partir del acuerdo de paz de La Habana, en el que hablaba de hacer algunos cambios a la fuerza pública.