En vez de ceder, el escándalo por las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre los migrantes venezolanos envueltos en hechos delictivos, tiende a crecer con el paso de los días y está escalando a niveles que ni la propia mandataria tenía entre sus cuentas. El asunto traspasó fronteras: precipitó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la mandataria ha mostrado poca voluntad de corregir.
A simpatizantes de la alcaldesa, la mayoría de pensamiento progresista, les ha disgustado que ella haya arremetido contra los venezolanos de la manera en que lo hizo a finales de octubre, cuando los acusó directamente de hacerles “la vida a cuadritos” a muchos ciudadanos. Algunos de sus votantes se han sentido defraudados y no la han bajado de ser xenófoba o por lo menos de incentivar ese deplorable comportamiento.
Cuando se pensaba que la mandataria iba a recoger sus palabras, eso nunca sucedió. Todo este episodio ha sido realmente extraño en una alcaldesa que calcula y elabora muy bien cada una de sus declaraciones públicas.
En los últimos días, Claudia López ha insistido en hacer referencia a la nacionalidad de los delincuentes. Ahí es donde radica la controversia, pues no es necesario poner por delante el lugar de nacimiento de alguien cuando se libra una lucha contra la criminalidad.
La reconocida economista Ana María Ibáñez, quien fue decana de Economía de Los Andes y que hoy asesora al BID, ha advertido que usar la nacionalidad para referirse a un crimen no resuelve nada, no controla la criminalidad y sí promueve más xenofobia.
La conclusión de Ibáñez es que los estudios evidencian que la migración venezolana no ha disparado las tasas de criminalidad en Colombia. Pero Claudia López mantiene viva la polémica. Recientemente la mandataria ha dicho, por ejemplo, que el 52 por ciento de los atracos en TransMilenio son cometidos por criminales colombianos y el 48 por ciento por venezolanos.
También ha revelado que, aunque representan apenas el 4 por ciento de la población en la ciudad, delincuentes que provienen del vecino país están involucrados en el 25 por ciento de los atracos. El problema que la alcaldesa pone de presente es que los venezolanos vienen siendo reclutados por mafias colombianas para cometer delitos y eso se ha vuelto más “rentable” en términos de impunidad, según ella, porque miles de ellos no tienen ni siquiera un documento de identidad.
Pese a que la mandataria ha dicho que es injusto que la califiquen de xenófoba y que trata de contar una cruda realidad, este tema se le ha salido de las manos. Las palabras y la manera en que se dicen las cosas tienen una gran relevancia y más frente al fenómeno de la migración venezolana, considerada una tragedia humanitaria en el ámbito internacional.
A la alcaldesa la persiguen las frases que usó el 29 de octubre, en un consejo de seguridad en Kennedy, y que detonaron toda la controversia. “Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida a cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido; pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación”.
Basta ver el efecto que han tenido esas declaraciones para dimensionar lo que está sucediendo. La plataforma Barómetro de Xenofobia reveló que en la capital del país la conversación en torno a la xenofobia se disparó en 918 por ciento de un día para otro y las frases más usadas en las discusiones en las redes hacen referencia a insultos, sentimientos de odio y expulsión.
Bogotá es hoy la ciudad del país que más acoge a los venezolanos que han salido huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Se calcula que en la capital hay al menos 343.000 ciudadanos, la inmensa mayoría tratando de salir adelante. En todo el país las cifras son concluyentes y deben servir para poner todo en una justa proporción. El 96 por ciento de los delitos son cometidos por colombianos y apenas en el 3,2 por ciento hay venezolanos involucrados.
Por esa razón, el reiterativo énfasis de la alcaldesa en estos ciudadanos es una equivocación y, además, puede limitar el análisis de lo que está ocurriendo con la inseguridad en Bogotá.
A lo largo de su historia, Colombia no tuvo fenómenos migratorios como Argentina, Chile, Brasil y la misma Venezuela. De ahí que la llegada masiva de ciudadanos del otro lado de la frontera se haya convertido en un desafío social sin precedentes. Bajo ese contexto, el ejemplo de las autoridades es vital para que los ciudadanos no terminen por asumir actitudes xenófobas realmente peligrosas.
Hoy, en el vecino país, a la alcaldesa no la quieren. El Nacional, uno de los diarios emblemáticos de Caracas, publicó un duro editorial recientemente titulado ‘Xenofobia bogotana’, dándole palo a Claudia López. Le dijeron que no entendía de fenómenos sociales y que lanzar acusaciones sobre indicadores de delitos y culpables es mostrar un desconocimiento sobre la dinámica de Bogotá.
Los venezolanos exiliados en Miami ya declararon a la mandataria como una persona “non grata” y calificaron sus declaraciones de xenófobas, irresponsables y peligrosas. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) advirtió que pueden generar agresiones no solo de los colombianos contra los venezolanos, sino fomentar un maltrato de los organismos de seguridad del país hacia dicha población.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pidió a la mandataria que se retracte y dijo que no se puede juzgar a las personas por su nacionalidad. Le recordó que seis millones de colombianos migraron a Venezuela por cuenta del conflicto armado y que sus palabras no responden a la reciprocidad histórica de dos naciones hermanas.
Adicional a ello, un despacho judicial en Envigado ya admitió una tutela de un venezolano que busca que la alcaldesa se retracte, pues considera que está violando el derecho a la igualdad y no discriminación.
Para hablar de los venezolanos, la alcaldesa debe cuidar el lenguaje. No puede seguir echándole leña a la hoguera ni exacerbar la xenofobia, como se lo pidió la CIDH. Es hora de poner todo en su justa dimensión, castigar la criminalidad sin estigmatizar las nacionalidades y atender la tragedia humanitaria de los venezolanos que deambulan, con hambre y sin ninguna esperanza, por las calles de Bogotá.