El Consejo Nacional Electoral anunció que está investigando a casi 2.000 candidatos por supuestos incumplimientos en las obligaciones que deben presentar ante la utilización de los recursos. En total son 1.849 candidatos de 18 partidos y movimientos.

El magistrado Jaime Luis Lacouture señaló que estos candidatos han incumplido con una norma que establece los lineamientos para la organización de partidos políticos. Ante estos descargos hay 943 candidatos a las asambleas, 25 a gobernaciones, 257 a alcaldías y 624 a concejos municipales que deberán rendir estas cuentas.

“Hay mucha desinformación entre los candidatos, también mucha apatía por parte de ellos para cumplir con estas obligaciones. Otra causa puede ser la imposibilidad de poder cumplir con dichos postulados, por circunstancias ajenas a los candidatos, entre ellas la negativa del sector financiero para aperturar cuentas de campaña a algunos candidatos y partidos políticos”, dijo Lacouture.

Uno de los hechos que llama la atención, mencionados por el magistrado, es que dentro de los investigados habría miembros del partido Comunes, antes Farc. “Como en algunos casos ha ocurrido con el partido Comunes, situación que se debe acreditar y probar, para exonerarlos de responsabilidad administrativa”, comentó el magistrado.

Y agregó que desde hace algunos meses el CNE viene adelantando algunas reuniones y mesas de trabajo con la Superintendencia Financiera y diferentes entidades bancarias con el fin de entender y facilitar la apertura de este tipo de cuentas para los candidatos y partidos y evitar que puedan acarrear eventuales sanciones y cumplan con su obligación.

El magistrado aclaró e invitó a quienes están siendo investigados, entre ellos a los miembros de Comunes, a que puedan aclarar voluntariamente las cuentas de sus campañas y explicar al CNE por qué incumplieron con esta obligación.

La norma en específico que habría sido incumplida es la Ley 1475 de 2011, por medio de la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos de los diferentes procesos electorales, que en su artículo 25 hace referencia a la administración de los recursos y la presentación de los informes.

Allí se establece que el monto máximo de las campañas será de 200 salarios mínimos que pueden ser originados de fuentes de financiación privada y deberán ser administrados por los gerentes de campaña. Esto para el caso de candidaturas de listas con voto preferente. Si se trata de una lista cerrada el partido o los candidatos será un solo gerente que responda por esas acusaciones.

Lo que se encuentra analizando el magistrado Lacouture y que llevó a abrir estas casi 2.000 investigaciones es que hubo faltas en la no presentación de informes de ingresos y gastos o se presentó de forma extemporánea, así como la omisión de nombramiento de gerentes de campaña, no darle apertura a cuentas únicas bancarias que solo tengan este propósito y el mismo uso de estos recursos.

En el caso de los ex-Farc, se trataría de 85 candidatos de ese partido a alcaldías, concejos, asambleas de las pasadas elecciones regionales llevadas a cabo en el 2019 que no habrían reportado sus gastos por lo que el magistrado del CNE considera que hubo presuntas irregularidades.

Ya se avecina una nueva campaña al Congreso y la Presidencia y el tribunal electoral empieza a establecer las medidas para que los candidatos puedan cumplir con sus obligaciones ante las autoridades. Por ejemplo, el CNE ya ha fijado algunas normas como la que establece que no se podrán usar imágenes de menores de edad en temas de campañas publicitarias.

Por su parte, ya se establecieron todos los lineamientos para las curules de paz que surgieron del acuerdo de La Habana y que estarán destinadas a las víctimas del conflicto armado en el país. En total serán 16 escaños que tendrán especial control y vigilancia para verificar que realmente queden en manos de víctimas y no sean aprovechadas por otro sectores políticos.