La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, está envuelta en un escándalo por un millonario contrato firmado bajo su administración por 70.000 millones de pesos para llevar internet a las escuelas de las zonas más apartadas del país.

La Coalición de la Esperanza, a través de un comunicado, le pidió a la ministra Abudinen apartarse del cargo. “Exigimos respuestas claras, decisiones políticas frente a ese hecho y, a los organismos de control, investigaciones y decisiones contundentes”, aseguró la coalición de centroizquierda. Dicen que el gobierno del presidente Duque ha sido ‘impasible’ con el episodio.

“La ministra de las TIC, Karen Abudinen, tiene una responsabilidad política innegable frente a la pérdida de 70.000 millones de pesos que se dieron como anticipo para lograr la conectividad digital de las escuelas más vulnerables del país y que nunca llegó. Por tal razón, exigimos a la ministra que se aparte del cargo”, señalaron.

También cuestionan quién pueda estar detrás de la millonaria adjudicación, otra pregunta por la que se ha criticado a la ministra Abudinen. Precisamente una de las polémicas se ha generado se debe a las garantías de las empresas contratadas. Desde el mismo ministerio se encontró que se han radicado documentos que habrían sido falsificados o procesos en contra por detrimento patrimonial, entre otras supuestas irregularidades de uno de los contratistas.

“Nos preguntamos: ¿quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías adoptadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre de Banco Itaú? ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aun conociendo la falta de idoneidad de la UTCP?”, cuestionan.

Los líderes de la Coalición de la Esperanza entre los que se encuentran Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, pidieron que se aclare el episodio para establecer las responsabilidades.

“Exigimos respuestas claras, decisiones políticas frente a este hecho y, a los organismos de control, investigaciones y decisiones contundentes que den prontamente con los responsables de quienes hoy atentan contra la población más vulnerable de nuestro país”, aseguraron los líderes de la coalición.

Precisamente por el hallazgo de estas irregularidades el contrato está estancado. Este miércoles se realizará una audiencia para determinar el futuro del acuerdo que se le salió de las manos al Gobierno por las irregularidades que se encontraron en los contratistas.

La polémica se ha generado por la Unión Temporal Centros Poblados, que ganó una porción de ese proceso presentando garantías falsas para obtenerlo. La misma ministra de las TIC confirmó este hallazgo. Se trataría de tres documentos irregulares que presentó esa unión temporal para quedarse con el contrato.

“¡Esto es diciendo y haciendo cumplir la ley. Colombia se respeta! Citamos para este 29 de junio (8 a. m.) a audiencia de declaratoria de caducidad del Contrato 1043 de 2020, al contratista Unión Temporal Centros Poblados, por el presunto incumplimiento de gravedad que hemos advertido”, señaló la ministra a finales de junio.

El Gobierno se dio cuenta de las inconsistencias por denuncias de incumplimientos de las instalaciones de los centros digitales en las regiones más apartadas del país. A los seis meses de haber adjudicado el contrato la Unión Temporal de Centros Poblados no había instalado un solo punto en el territorio, mientras el otro contratista que es Claro, ya había avanzado en 700. Luego se fue conociendo que efectivamente la unión temporal presentaba otras irregularidades y está siendo investigada por los entes de control por otros procesos.