El más reciente Índice Global de Impunidad, que periódicamente realiza la Universidad de las Américas Puebla, de México, acaba de ser divulgado y trae una revelación preocupante que confirma una tesis que hace carrera desde hace tiempo en el país: en Colombia reina la impunidad. El indicador "no solo mide el castigo de los delitos, sino la cadena de eventos que comienzan en el momento de la comisión de un delito y termina en la reparación de la víctima, pasando por un proceso de denuncia, esclarecimiento de los hechos y enjuiciamiento de los responsables". El estudio, que por primera vez tomó como caso de análisis a Colombia, refleja que solo dos municipios se ubican en un nivel bajo de impunidad, lo cual representa un 9 por ciento. Mientras que el 57 por ciento de los municipios tienen un alto índice de impunidad. Por este motivo Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad en América Latina. Por encima están Venezuela, México, Perú y Brasil. Y a nivel global, el país se ubica en el octavo entre los 59 países que se midieron. La investigación de la Universidad de las Américas Puebla revela que Sucre es el departamento donde la impunidad es mayor que en todo el país; con 75.93 puntos, de un máximo de 100. Les siguen Norte de Santander, con 66.93; Guaviare, con 65.18; Meta, con 62.86; Cundinamarca, con 62.04; Huila, con 61.15, y Arauca, con 61.10. Al que mejor le va es a Tolima que tiene una impunidad de 36.39 puntos, seguido de Caldas, con 37.82. La impunidad es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia no lo alcance. Incluso, en medio del debate sobre la cadena perpetua para violadores que se ha dado por estos días, muchos juristas han explicado que el problema no es alargar las penas, sino hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen estos delitos. León Valencia, quien participó en la elaboración del informe desde la Fundación Pares, dijo que “a la falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de los datos –que son por naturaleza públicos y que permiten la veeduría ciudadana sobre su labor– se suma que, para algunos departamentos, en especial los de las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, los datos ni siquiera son reportados”. Valencia agrega que para 2019 “la cifra negra solo está disponible para 28 ciudades de Colombia y no es representativa a nivel departamental o nacional, lo que no permite conocer ni evaluar la magnitud del fenómeno en el país”. Afirmó que otro caso son los datos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado –en especial, de la Fuerza Pública– “de los que actualmente en Colombia no se tienen registros oficiales públicos o no resultan confiables dado que se registran muy pocos hechos a nivel nacional, mientras las denuncias en los medios de comunicación con pruebas creíbles abundan”. En Colombia ya varios organismos habían alertado sobre lo que significaba la impunidad para el país. Según ONU-Mujeres, en Colombia, por ejemplo, solo el 13 por ciento de los feminicidios llega a una condena. En el caso de la desaparición forzada, según el Movice (Hacemos Memoria, 2019), de los 80.000 casos reportados al 2018, se había investigado apenas 7,700 y, de estos, solo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. Es decir que el 99,5 por ciento se encuentran sin resolver. En el caso del hurto, otro de los delitos más frecuentes en el país, además de los altos niveles de impunidad, de los más de 240.000 capturados en 2017, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces.
Entre las causas de la impunidad en el país el estudio considera que la situación política y la cercanía con Venezuela podrían ser un factor determinante para favorecer este flagelo, sobre todo en las zonas de frontera que tienen presencia de grupos criminales. El estudio también asegura que un elemento que podría influir es la desmovilización de las Farc pues, como efecto colateral, ha hecho que otros grupos guerrilleros como el Eln y las bandas criminales ocupen los espacios donde antes operaba la guerrilla y donde el Estado hoy no llega, por lo cual es muy difícil que opere la justicia. Y otro factor clave es el narcotráfico y la minería ilegal. Tras conocer las cifras, los creadores del informe recomiendan, entre otras cosas, que el Dane amplíe las muestras de seguridad y de convivencia, ya que no es tan sencillo obtener cifras que coincidan entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Se debe asegurar la presencia de centros carcelarios en todos los departamentos de Colombia. A pesar de la atención y reparación que ha brindado el Estado a las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, “se hace imperativo que se avance en llevar a los posibles responsables ante la justicia”. Y fortalecer los procesos de denuncia, juzgamiento y condena de los delitos.