Colombia entra en una fase clave en el pleito que tiene con Nicaragua por su territorio marítimo. El Gobierno de Daniel Ortega ve en esta pelea no solo una oportunidad para expandir sus fronteras, sino también para presentar a su pueblo, en medio de un complejo panorama político y en la búsqueda de su reelección, un enemigo externo ante el cual hay que unir fuerzas. Las audiencias de la Corte Internacional de La Haya comienzan el próximo 20 de septiembre y el país alista sus baterías para defenderse de un pleito en el que tendría mucho que perder.
En Colombia, lejos de lograr esa unidad, la controversia ha evidenciado las enormes diferencias políticas previas a las elecciones. La más evidente la protagonizó la llamada Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, conformada por los expresidentes. Las peleas que hay entre ellos no permitieron que se pusieran la camiseta para dar su concepto y respaldo ante una amenaza latente. La mayoría argumentó simplemente que no se encontraba en Bogotá y la reunión tuvo que cancelarse.
Colombia, sin embargo, está preparada para darlo todo en La Haya. La defensa jurídica está en manos de dos pesos pesados del derecho: Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda. El primero es el agente y el segundo el coagente. Arrieta fue procurador, magistrado del Consejo de Estado y embajador en La Haya. Ha sido árbitro de numerosos pleitos de gran importancia. El segundo, fue magistrado de la Corte Constitucional y ha asesorado al Estado en múltiples asuntos, incluido el proceso de paz. En la Cancillería, el tema ha sido liderado por Andrés Villegas y un equipo de expertos y además hay un grupo de abogados internacionales que asesoran al país.
Las sesiones en La Haya habrían podido comenzar el año pasado, pero la pandemia eclipsó el panorama y la cita finalmente se concretó para este mes. Serán jornadas atípicas. El alto tribunal iba a estrenar la presencialidad con este caso, pero al final decidió lanzarse por una fórmula media y utilizar un modelo mixto. De los 16 magistrados, solo irán diez y los demás se conectarán por internet. Y de los países también asistirá un equipo reducido; en el caso colombiano, con Arrieta y Cepeda a la cabeza.
Lo primero que hay que aclarar es que Colombia debe responder a dos demandas ante esa Corte, pero en esta oportunidad el país solo está citado para una de ellas. Nicaragua argumenta la violación de derechos soberanos y espacios marítimos. En un comienzo, el país pretendió que la demanda se centrara en el incumplimiento del fallo, pero la Corte finalmente desestimó que este fuera el eje de la controversia.
El Gobierno de Daniel Ortega asegura que Colombia irrespetó sus derechos cuando se creó la llamada zona contigua integral, que se superpone a un territorio que les fue reconocido en el fallo de 2012. En segundo lugar, argumenta que la Armada colombiana no les ha permitido a sus pescadores navegar libremente, ha hecho sobrevuelos y ha monitoreado el mar en disputa. Nicaragua ha presentado más de 40 incidentes diplomáticos en los que argumenta que se ha violado la soberanía.
El eje central de la defensa de Colombia es que el fallo de 2012 es inaplicable. Hay razones jurídicas de peso para sostener esa tesis. La Constitución establece que los límites territoriales solo pueden darse mediante tratados y, por lo tanto, el país argumenta que para poder aplicar el fallo debería darse un tratado bilateral entre Colombia y Nicaragua, cosa que no ha pasado.
Como explica el excanciller Julio Londoño Paredes, “el Gobierno colombiano expresó en 2012 que aunque no desconocía el fallo, no podría ser aplicado hasta tanto se concertara un tratado con Nicaragua. Igualmente, estableció lo que denominó una “zona contigua integral” con un procedimiento sin precedentes en el derecho internacional”. A Nicaragua esa fórmula no lo satisfizo y por eso volvió a acudir a la Corte de La Haya.
La historia de este fallo de 2012 es la siguiente. Nicaragua demandó a Colombia en 2001. Lo que pretendía era que la Corte declarara que la totalidad del archipiélago de San Andrés y todos los cayos le pertenecían. Colombia entendía hasta esa fecha que el tratado de delimitación que regía era Esguerra-Bárcenas, de 1928. De ese tratado, el Gobierno de Carlos Lleras interpretó que la frontera era el famoso meridiano 82. En 2007, la Corte Internacional de La Haya le dio a Colombia una primera victoria y afirmó que el archipiélago de San Andrés y los siete cayos le pertenecían.
Pero en esa misma decisión, la Corte advirtió que se pronunciaría más adelante sobre la frontera marítima y que el tratado Esguerra-Bárcenas no era aplicable para esa delimitación y, por lo tanto, no podía darse por el meridiano 82. Su respuesta vino en 2012.
“Aunque la Corte asignó importantes espacios marítimos al archipiélago, quedó la sensación de que se lo había privado de espacios marítimos que había venido considerando como propios… Se extendió la jurisdicción de Managua hasta unas 200 millas náuticas, otorgándole casi 100.000 kilómetros cuadrados de plataforma marítima y zona económica exclusiva”, agrega Londoño. Sobre el supuesto incumplimiento a este fallo es que versan los debates de las semanas siguientes.
En la segunda demanda, Nicaragua quiere ir más allá del fallo de 2012 y pretende extender la plataforma continental por encima de las 200 millas, con lo cual, prácticamente, quedaría muy cerca de la costa colombiana. Los alegatos de esta nueva pretensión están previstos para el año entrante y no entran en esta ronda de septiembre.
Los abogados de Colombia han expresado tanto en público como en privado que el país tiene buenos argumentos para defenderse. Frente a lo que viene, lo primero que hay que explicar es que el proceso no está comenzando. Las primeras etapas ya se surtieron. Colombia asistió a dos rondas de alegatos escritos con algunos incidentes procesales. Ahora, lo que comienza es la fase de las audiencias públicas, en las que los abogados tendrán sus audiencias orales. Allí, las partes inicialmente resumen sus argumentos y contestan las aseveraciones de la contraparte.
Además de eso, hay un tema fundamental que está en la discusión: la reserva de Seaflower. Se trata de un refugio sagrado para la vida marina. Fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000 por el programa Man and Biosphere, de la Unesco.
“Tiene un área total de 180.000 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 57 kilómetros cuadrados son terrestres, e incluye tres islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), siete islas cayo (Serrana, Serranilla, Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste) y varios bajos y bancos”, explica la fundación que lleva su nombre y que agrega que “sus arrecifes coralinos ocupan aproximadamente 5 por ciento del mar Caribe y 76 por ciento de los arrecifes de Colombia. Su alta biodiversidad puede evidenciarse en las más de 2.300 especies marinas que alberga”.
Colombia es el país que mejor puede resguardar este tesoro, pues sus leyes ambientales son muy fuertes y fue el que hizo la solicitud ante la Unesco, mientras que por el lado de Nicaragua hay el temor de que este territorio se abra a la exploración petrolera y de gas. El país centroamericano ha querido disuadir esa percepción y declaró una reserva ambiental.
La Corte estudia esos alegatos y se calcula que la decisión puede tomar un año en promedio. Esto es una ruleta, porque teniendo en cuenta que el presidente Duque termina su mandato el próximo 7 de agosto, un eventual fallo adverso podría eclipsar o el final de su gobierno o el principio del mandato de quien gane las elecciones en 2022. Y, ahí, aún faltaría la decisión sobre la segunda demanda. Así, la suerte sobre este pleito de marras está aún lejos de definirse.