En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores y, aunque existen leyes, en la práctica no se cumplen, por lo cual los empleados están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas. A esa conclusión llegó la Confederación Sindical Internacional (CSI o ITUC, por su sigla en inglés), una alianza de las confederaciones regionales de comercio que aboga por los derechos laborales en todo el mundo. La CSI presentó esta semana su Índice Global de Derechos con información de 139 países, publicado en el diario The Washington Post. La calificación mide cuánto se protegen los derechos de los trabajadores de 1 (el mejor) a 5 (el peor). La organización utiliza 97 indicadores diferentes para compilar el índice en relación a la capacidad de los trabajadores para afiliarse a sindicatos, ganar derechos en negociaciones colectivas y tener acceso al debido proceso y al amparo legal. Los países en tonos de rojo más oscuros son los que menos respetan o protegen esas normas internacionales.
Los países en tonos de rojo más oscuros son los que más violan los derechos laborales. No hay datos sobre las zonas en gris. (Ituc-csi.org) Colombia es el único en Suramérica con una calificación de 5, mientras que en América Latina lo acompaña Guatemala. Haití y Angola, que han clasificado como de los pocos países con más desigualdad social que Colombia, obtuvieron 4 y 2, respectivamente. En los países con una puntuación de 5, reza el informe, "no se garantizan los derechos y son los peores en el mundo para trabajar. Aunque la legislación especifique ciertos derechos, los trabajadores, en la realidad, no tienen acceso a ellos y están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas". El reporte señala que esta calificación predomina en naciones grandes como India y China, que tienen una regulación laboral pobre y desigual. A países cuyo orden interno ha sido minado por el conflicto –como República Centroafricana, Libia o Siria–, la CSI los calificó con un 5+, es decir, peor que 5. El caso de Uruguay En la encuesta general del informe de la situación laboral en el mundo, la CSI también reportó lo siguiente: En los últimos 12 meses, los gobiernos de por lo menos 35 países han arrestado o encarcelado a trabajadores como una táctica para resistir las demandas por los derechos democráticos, salarios decentes, condiciones y puestos de trabajo más seguros. En al menos nueve países, se utilizaron el asesinato y la desaparición de los trabajadores como una práctica común con el fin de intimidar. Uruguay recibió un distinguido 1 (al igual que Alemania, Suecia o Finlandia, entre otros) lo cual, según el informe, implica que "los derechos laborales colectivos, en general, están garantizados. Los trabajadores pueden asociarse libremente y defender sus derechos ante el gobierno y/o las compañías, (además de) mejorar sus condiciones laborales por medio de negociaciones. Las violaciones contra los trabajadores no están ausentes, pero no son la norma". Por otro lado, la CSI señala a los magnates del petróleo del Golfo Pérsico, donde una gran proporción de la fuerza de trabajo está conformada por inmigrantes, quienes, a veces, "son mantenidos en un estado de esclavitud feudal por sus empleadores y las empresas de contratación que bloquean incluso su capacidad de irse a otros lugares". “En países como Qatar o Arabia Saudita -dice el informe-, la exclusión de los trabajadores migrantes de los derechos colectivos de trabajo significa que, efectivamente, más del 90 % de la fuerza laboral no puede tener acceso a sus derechos, lo que lleva a prácticas de trabajo forzoso en ambos países, apoyados por leyes arcaicas de patronaje”. El informe le otorga a EE. UU. un diciente 4 como señal de “violaciones sistemáticas”: los derechos de negociación colectiva son desiguales a lo largo del país y los sindicatos son mucho más débiles que algunas de sus contrapartes en el norte de Europa. “Países como Dinamarca y Uruguay abrieron el camino a través de sus fuertes leyes laborales, pero, tal vez, sorprendentemente, otros como Grecia, EE. UU. y Hong Kong se quedaron atrás”, dijo el secretario general de la CSI, Sharan Burrow, en un comunicado de prensa. "El nivel de desarrollo de un país demostró ser un mal indicador de si se respetan los derechos básicos de negociación colectiva, las huelgas por condiciones dignas (de trabajo), o simplemente para unirse a un sindicato", agregó.