Álvaro Uribe de trasteo: su salida del Congreso

La intensa etapa de Álvaro Uribe como senador terminó para siempre. El expresidente jugó sus cartas y pagó ese costo. Luego de que la Corte Suprema de Justicia sorprendió al país al ordenar la detención domiciliaria del jefe del Centro Democrático, este registró el golpe y reaccionó fiel a su carácter combativo. Se negó a impugnar la decisión judicial porque eso sería legitimarla, señaló que la providencia tenía solo fundamento “vengativo”, acusó a los magistrados de proceder mafiosamente y a Iván Cepeda de ser la nueva generación de las Farc. Lanzó pánico sobre el 2022 y, finalmente, presentó renuncia irrevocable al Senado, en busca de que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía. Los mismos cinco magistrados que ordenaron detener a Uribe están ahora ante un dilema: retener la competencia para seguir con el caso o remitir el expediente al búnker para que un fiscal lo asuma. El eje de toda la discusión gira alrededor de si los delitos por los cuales investigan al exsenador tienen relación directa con su actividad parlamentaria. Vea: Álvaro Uribe lee su carta de renuncia al Senado | Semana Noticias

Surgen argumentos a favor y en contra del cambio de jurisdicción. En la mayoría de los casos, esa diferenciación es clara. Por ejemplo, Aida Merlano como congresista le dio un puño a una azafata de Avianca en un avión. Obviamente, su condición de parlamentaria no tenía nada que ver con ese arrebato y su caso pasó a la Fiscalía cuando salió del Congreso. Lo mismo sucedería si un excongresista es acusado de inasistencia alimentaria, de violencia intrafamiliar o de una agresión borracho. En el caso de Uribe, la cosa no es blanco o negro. El exsenador está acusado de soborno y fraude procesal por supuestamente haber determinado la manipulación de testigos que hizo su abogado, Diego Cadena. Esos testigos iban a declarar contra Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo cuando era gobernador de Antioquia. A primera vista, se trata de episodios de otras épocas que nada tienen que ver con su actividad parlamentaria. Pero como las presiones a los testigos tuvieron lugar cuando él era senador y fueron para defenderse de las acusaciones de nexos con paramilitares que le hizo Cepeda en un debate en el Congreso, hay una controversia jurídica abierta sobre el tema. A estos argumentos, la defensa de Cepeda agrega que Uribe usó personal de su Unidad de Trabajo Legislativo para presentar ante la corte algunos de los testimonios que los magistrados consideran falsos. En general, la Corte Suprema tiene decantado que el fuero se mantiene si el delito en cuestión ocurre “por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo”. Esa frase da para que las dos partes la interpreten y la usen a su favor, pero hasta ahora parece tener más fuerza la tesis de la defensa de Uribe. Según sus abogados, aunque la denuncia surgió de un debate en el Congreso, los delitos que le imputan no tienen relación directa con su trabajo legislativo.

El cambio de jurisdicción para los congresistas era muy fácil hasta 2009, pero se volvió más complejo con el fenómeno de la parapolítica. En ese momento, los parlamentarios investigados renunciaban en cascada para que sus expedientes pasaran a la Fiscalía antes de que les cayera una medida de aseguramiento. Eso llevó a que los magistrados apretaran las tuercas. Consideraron que el delito de concierto para delinquir sí guardaba relación con el cargo, pues los procesados habían asegurado su llegada al Congreso o su reelección en la curul justamente por haberse asociado con los grupos paramilitares. Pero, salvo esa excepción, la corte ha sido pragmática en salir de los procesos tan pronto los aforados pierden la investidura. Aun así, no hay que perder de vista que el caso de Uribe ha dado más de una sorpresa. Dado que para que la corte tome una decisión, en cualquier sentido, se requieren mínimo cuatro votos de los cinco que hoy conforman la sala que conoce el expediente, basta con que dos magistrados se opongan al cambio de jurisdicción para que la definición se complique. En ese escenario, tendrían que llamar a uno o dos conjueces y la determinación se dilataría varias semanas. En el caso de las masacres, el abogado del exmandatario, Jaime Granados, había solicitado esa remisión del proceso a la justicia ordinaria apenas unos días después de la renuncia. Al conocer el auto que lo llamaba a versión libre, el penalista aseguró que "con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la investigación relacionada con la masacre de El Aro, debe pasar al conocimiento de la Fiscalía".

Granados aseguró que no existe "ninguna relación entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones como senador de la república, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después". Y agregó que "por ello, consideramos que el proceso debe regresar a la Fiscalía en donde se venía adelantando la investigación hasta antes del año 2014, fecha en la cual, en razón de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como senador, se remitió a la Corte Suprema de Justicia". Sobre el auto agregó que veían esa providencia con "sorpresa", pues para ellos para la fecha del documento, el 19 de agosto, ya era de público conocimiento la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como congresista. Aquí el debate radicará en que la Sala de Instrucción emitió esa decisión con fecha del 14 de agosto, pero la comunicó a la defensa, según señala Granados, el 19 del mismo mes.  La decisión de renunciar al Senado no fue fácil para Uribe, pues le tocaba tragarse el sapo de su trino de julio de 2018 –cuando hubo un amague de renuncia– en el que aseguró: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”. Granados, para maniobrar esa contradicción, explicó que ese tuit fue una reacción política y que otra cosa es la realidad jurídica actual.

El problema es que el caso de Álvaro Uribe no es solo un asunto jurídico, sino también político. Además de la polarización del país, está de por medio la percepción de que las dos posibles jurisdicciones no pueden ser imparciales. Su campaña de desprestigio contra la Corte, llena de agravios, insultos y exageraciones, ha calado en un sector de la opinión pública. Para los uribistas la Corte no es el juez, sino la contraparte. Y en cuanto a los magistrados, por más equilibrados que sean, a nadie le gusta que le digan que actúa con un proceder de secuestrador o de mafioso. Más que los insultos personales, los togados consideran una afrenta la nueva propuesta de Uribe de convocar a un referendo que, a nombre de reformar la justicia, revoque a la corte que lo está juzgando. Con la Fiscalía la situación es parecida. Los no uribistas asocian las imprudentes declaraciones del presidente Iván Duque en defensa de la inocencia de Uribe con la amistad del jefe de Estado con el fiscal Francisco Barbosa.

Mientras que los uribistas rezan para que el caso pase a la Fiscalía, Barbosa debe estar haciendo plegarias para que el proceso se quede en la corte y no le toque lidiar con el caso del siglo. Las percepciones sobre la Corte y la Fiscalía son simplistas. Es muy claro que los magistrados no son los prevaricadores de las Farc que exagera Uribe, ni el fiscal Barbosa, un títere del presidente como cree la oposición. Mientras que los uribistas rezan para que el caso llegue a la Fiscalía, el fiscal seguramente reza para que no le caiga esa papa caliente. En la práctica, el caso no recaería sobre Barbosa, sino sobre un fiscal delegado que, en teoría, es independiente. Aunque esto puede ser así, los escépticos nunca van a creer que un fiscal delegado se atreva a acusar o archivarle el caso a Uribe sin consultarle al jefe de la Fiscalía. Pero también es probable que la Corte Suprema no quiera quedarse con ese chicharrón. Ya fijó su posición en la providencia de la detención domiciliaria y no es seguro que los magistrados quieran que un sector del país los gradúe como una Corte obsesionada con condenar a Uribe.

Por otra parte, los argumentos jurídicos a favor del traslado del expediente a la Fiscalía tienen bastante peso jurídico. La propia jurisprudencia de la corte en el pasado da pie para ello. Además, consideran el acervo probatorio tan sólido que resultaría irrebatible ante cualquier juez. Si con base en esas pruebas la Fiscalía acusa formalmente a Uribe, la Corte Suprema de Justicia quedaría totalmente reivindicada. Y si, por el contrario, archiva el caso, la mitad del país interpretaría la decisión como política. Si el proceso terminara en la Fiscalía, la gran pregunta será qué ocurrirá con la orden de casa por cárcel que tiene a Uribe confinado en El Ubérrimo desde hace dos semanas. La medida de detención domiciliaria conserva vigencia hasta que el caso llegue a un juez de garantías que decidirá si la confirma o la revoca. Este tendrá que sopesar si era necesaria una medida de aseguramiento sin llamarlo a juicio. Dada la polémica nacional que produjo la detención del expresidente, es probable que el togado al que le caiga el caso considere que este tiene derecho a defenderse en libertad. Eso en el fondo sería respetar su dignidad de expresidente sin que eso signifique exonerarlo. Vea: Uribe renuncia a su curul en el Senado: ¿qué viene ahora?

¿Por qué le interesa tanto a Uribe cambiar de jurisdicción? Porque sabe que allá le va mucho mejor. No necesariamente porque lo vayan a exonerar, sino porque el sistema penal acusatorio es más garantista que el modelo que rige en la corte. Bajo la jurisdicción de esta, unos magistrados investigan y acusan, y otros dan el veredicto. Bajo la justicia ordinaria, la Fiscalía investiga y acusa, pero un juez de conocimiento condena o absuelve. Este sistema, además, tiene una serie de recursos que permiten enredar y prolongar el proceso. La Fiscalía tendría que tomarse un tiempo largo para ampliar la investigación y volver a oír a todos los testigos, ya que los juicios son orales. Los abogados de Uribe y de Cepeda también harán lo mismo. Como el expresidente denunció que le habían violado ocho garantías procesales, las diferentes instancias del proceso querrán ser particularmente garantistas.

Seguramente, el senador Cepeda y los críticos del Gobierno pedirán que nombren un fiscal ad hoc, pues Barbosa y Duque son amigos íntimos y Uribe es el jefe del partido al que se deben ambos. Aunque en el terreno judicial, los impedimentos tienen que ser concretos y específicos, y no sujetos a interpretación. Por eso, en este caso no hay inhabilidades. La defensa de Cepeda insistirá también en que la supuesta autonomía del fiscal que maneje el caso es fantasía. Pero mientras no lo demuestre no pasará nada. Así que no es fácil que prospere la petición de un fiscal ad hoc. ¿Qué podría entonces pasar en la Fiscalía? De momento, para vislumbrar la posición de esta frente al caso, lo que hay es lo ocurrido en el proceso contra Diego Cadena, el abogado del expresidente, imputado por los mismos cargos y los mismos hechos. En la audiencia contra este, el fiscal a cargo, Daniel Hernández, expuso evidencia según la cual Cadena le habría pagado 48 millones de pesos a un testigo para que declarara en favor de Uribe, y habría ofrecido sus servicios jurídicos a otro a cambio de que se retractara de acusaciones contra el expresidente. Sin embargo, a estas acusaciones Hernández le agregó: “Cadena no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)”. De esa forma, el fiscal limitó la responsabilidad de los delitos al abogado, y sacó en limpio al expresidente. Esa afirmación fue muy controvertida por quienes la consideraron un salvavidas para Uribe. Sin embargo, se produjo antes de que la Corte Suprema ordenara la detención del exmandatario, y es un misterio si Hernández habría tenido la misma posición ante la nueva realidad.

Es un hecho que aun si la Fiscalía llega a considerar irrebatibles las pruebas de la Corte, el cambio de jurisdicción favorece a Uribe. Si lo llaman a juicio y lo condenan, podrá apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, proceso que tomaría varios años. Y aun si este confirma la condena, el expresidente podría interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y si lo absuelven, Cepeda también seguramente apelará ante todas estas instancias para revertir ese veredicto. Eso es lo más paradójico de todo este laberinto jurídico. Pase lo que pase en el proceso, la decisión final quedará en manos de la misma Corte Suprema de Justicia de la que hoy Uribe quiere escapar. La diferencia es que habrá pasado tanto tiempo que los magistrados que eventualmente tomarían la decisión podrían hoy estar todavía en la universidad estudiando Derecho.