Colombia se salvó de pagar la millonaria indemnización de casi 300 millones de dólares que pedía Ángel Samuel Seda, socio del lujoso complejo Meritage, después de que en una operación de extinción de dominio, la Fiscalía les quitara el ‘narcopredio’ donde se iba a construir el exclusivo proyecto en Envigado, Antioquia.
El inversionista reclamaba la presunta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, pero un tribunal arbitral acogió la excepción de seguridad esencial formulada por Colombia y rechazó todos los reclamos de quienes estaban detrás de esa millonaria indemnización.
El caso empezó a finales de 2017, cuando a las afueras de Medellín, por la vía Las Palmas, se empezó a prometer la construcciín de uno de los lugares más lujosos en Antioquia. El proyecto Meritage Luxury ofrecía suites, lotes de casas, áreas comunes de alta gama, centros comerciales y una amplia zona comercial.
Pero en medio de las obras para levantar el ambicioso proyecto, comenzaron a aparecer una cadena de propietarios que despertó las dudas de la Fiscalía, del FBI, la DEA y la OFAC sobre la propiedad de 56 hectáreas, ubicada en Santa María de Las Palmas. En ese entonces, las autoridades informaron que el lote avaluado en más de 52 mil millones de pesos, fue adquirido hace más de dos décadas por Iván López Vanegas, absuelto en Estados Unidos por narcotráfico; testaferros de la Oficina de Envigado, así como del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias “Perra Loca”; una modelo paisa y hasta un vendedor de mango biche.
Por esas particularidades, el caso llegó rápidamente a la Fiscalía General de Nación para hacerle extinción de dominio ante las pruebas que demostrarían que el predio se adquirió con dinero que provenían de actividades ilícitas.
Pero el ‘narcopredio’ como tal, habría sido adquirido por Iván López, extraditado en 2003 a Estados Unidos por narcotráfico y absuelto, según la Fiscalía, porque el tráfico se habría dado desde Venezuela hacia Francia. Durante su permanencia en Norteamérica, López denunció que su hijo fue secuestrado por la Oficina de Envigado y obligado a firmar documentos en blanco para llevar a cabo la venta irregular del lote de Las Palmas.
Según la Fiscalía, después de que se cerró el supuesto negocio, el predio apareció a nombre de José Luis Varela Arboleda, un vendedor ambulante afiliado al Sisbén, que no tenía capacidad alguna de comprar el predio. En la cadena de dueños también aparece una modelo paisa y varios testaferros del exnarcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias “Perra Loca”.
Con la evidencia de que el valioso lote fue comprado con dinero de la Oficina de Envigado, hace cerca de 8 años, la Fiscalía congeló cualquier movimiento del predio y procedió a su embargo y secuestro. Pero en esa época ya se desarrollaba el lujoso complejo Meritage Luxury: Sociedad La Palma Argentina, la Fiduciaria Corficolombiana y Royal Property Group.
La Fiscalía terminó explicando que “en los documentos de tradición de dicho predio figuran allegados y miembros de la organización conocida como Oficina de Envigado. También, personas que a simple vista no tenían capacidad económica para adquirir un inmueble de tales circunstancias, entre las que se encontraba un vendedor ambulante de mangos de Envigado. Por último, personas jurídicas que no pudieron demostrar que actuaron de buena fe, exenta de culpa”.
Pero el pleito no paró allí, porque a principios de 2019, el grupo de inversionistas norteamericanos que financiaron el proyecto Meritage, demandaron a Colombia por cerca de 300 millones de dólares (un billón de pesos), alegando que por culpa de la Fiscalía no lograron culminar la obra que estaban construyendo.
Después de 4 años, el tribunal arbitral falló en favor de Colombia, según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, porque “el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes. De esta forma, es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos, pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país”.
El Tribunal explicó en su decisión que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio contra el predio del proyecto Meritage en Envigado, Antioquia, teniendo en cuenta que las medidas adoptas en el tiempo se centraron en proteger los intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado explicó que este es un “triunfo único e histórico no solamente para nuestro país, sino internacionalmente para toda la comunidad arbitral y la legitimidad del sistema del arbitraje de inversión. Este triunfo fue producto del trabajo mancomunado entre el equipo de abogados de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia y la firma internacional Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes)”.