Este lunes, 11 de noviembre, en un acto que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato del excandidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado el 26 de abril de 1990.
Al acto asistieron su hija, la senadora María José Pizarro, y otros familiares del fallecido líder político.
Durante la intervención del director de la Agencia Jurídica del Estado, César Palomino, quedó clara la responsabilidad del Estado en la violación de varios derechos, entre ellos, los de libertad de pensamiento y expresión.
“El Estado reconoce su responsabilidad internacional respecto a la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a los derechos políticos, consagrados en la Convención Americana, en perjuicio de Carlos Pizarro Leongómez, al no garantizar su seguridad como firmante del acuerdo de paz del movimiento M-19 y como candidato presidencial y líder del partido político de oposición Alianza Democrática”, declaró Palomino.
Desde Washington, donde se llevó a cabo el acto, el funcionario aceptó la responsabilidad del extinto Departamento Administrativo de Seguridad en el crimen.
“Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que, entre otras cosas, eran responsables de protegerlo. Las investigaciones a las que me refiero han permitido esclarecer que agentes del DAS planificaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de la oposición en Colombia”, aseguró.
Cabe recordar que a Pizarro lo asesinaron cuando viajaba de Bogotá a Barranquilla en un vuelo comercial; el sicario fue identificado como Andrés Gutiérrez Uribe, el cual contó con entrenamiento de los grupos paramilitares. Sin embargo, a este hombre lo habría asesinado el exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz (escolta de Pizarro) buscando que, al parecer, el crimen quedara impune.
A su turno, María José Pizarro dejó ver su satisfacción luego de más de tres décadas luchando por encontrar la justicia y hacer que el Estado reconociera que tuvo responsabilidad en el asesinato de su padre. La senadora aseguró que a su padre “no lo mató la guerra, sino la paz”.
“Durante 34 años he luchado incansablemente por la verdad y la justicia; ha sido la labor de toda una vida. En este proceso, hemos tenido que hacer lo que la justicia colombiana no ha logrado”, dijo la senadora del Pacto histórico.
Condena al escolta de Pizarro
Tras cuatro años de juicio, la justicia consideró que existían pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir la participación y responsabilidad del agente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz en los delitos de homicidio agravado con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
La Fiscalía General lo acusó de haber sido la persona que le disparó y causó la muerte al sicario dentro del avión que se dirigía a la ciudad de Barranquilla. Años después, fue vinculado al caso, tras considerar que su versión sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos presentaba contradicciones e inconsistencias. Con este actuar se habría desviado la investigación durante décadas.