La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en compañía del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dio un aviso para el Gobierno nacional al enlistar a Colombia entre los países que se encuentran en situación de riesgo de hambre aguda en 2022.
De acuerdo con el informe presentado por estas organizaciones, Colombia es junto con Honduras y Haití los únicos países de América que podrían experimentar una situación de hambre extrema este año.
“Es probable que la inseguridad alimentaria se deteriore aún más en Colombia en los próximos meses debido a una combinación de inestabilidad política, desafíos económicos y el impacto continuo de la crisis migratoria regional amplificada por el desplazamiento interno”, explica el documento en el apartado que habla específicamente de Colombia.
Y es que, según el Panorama de Necesidades Humanitarias de 2022, “7,3 millones de colombianos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia alimentaria en 2022″.
Asimismo, la FAO detalla cuáles son los asuntos de interés interno que podrían empeorar la situación alimenticia en el país, siendo el desplazamiento forzado uno de los factores más importantes y que el Gobierno debería tener en cuenta para intentar hacerle frente a la hambruna en Colombia.
“Los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y los grupos armados no estatales han provocado nuevas oleadas de ataques violentos, con 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021, tres veces los niveles de 2020″, añade la información.
Por otra parte, los expertos aseguran que “es probable que continúen el malestar social y las perturbaciones económicas en medio de los procesos electorales programados para la primera mitad de 2022 (elecciones legislativas en marzo y las presidenciales en mayo”; esta situación “podría contribuir a que continúen los altos niveles de desplazamiento en los próximos meses”.
Igualmente, y como ha sido la constante durante los últimos dos años, la pandemia de la covid-19 tiene un impacto directo en la brecha social y económica, a pesar de la reactivación que se vio en 2021.
“Si bien las pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia ya se han recuperado casi por completo, la tasa de desempleo sigue siendo alta, en más del 11 % en octubre de 2021. También es preocupante la alta tasa de inflación, que se situó en el 12,4 % interanual en septiembre 2021, y que es probable que continúe afectando el poder adquisitivo de hogares vulnerables”, añade la FAO.
Finalmente, se explicó que otro de los factores determinantes es la presencia de los migrantes venezolanos, que para agosto de 2021 ya superaban la cifra de 1,8 millones; cien mil más que los reportados a principios de año, a pesar de que las fronteras entre Colombia y Venezuela estuvieron cerradas hasta octubre.
“El Estatus de Protección Temporal otorgado a los migrantes venezolanos en febrero de 2021, junto con la reciente apertura de fronteras, podría impulsar un mayor aumento de los flujos migratorios en los próximos meses”, indica el informe.
¿Qué puede hacer el Gobierno colombiano?
El informe de la FAO no solo muestra los problemas sobre los cuales debe prestar atención el Gobierno nacional para evitar que aumente el riesgo de hambre aguada en el país, sino que también proporciona algunas soluciones o “acciones” para anticipar esta situación:
- Fortalecer el suministro de insumos agrícolas esenciales que puedan servir para la supervivencia del ganado, así como para el mantenimiento de la agricultura (alimento para animales, insumos veterinarios, semillas y fertilizantes).
- También es importante que se brinde asistencia técnica para la producción y conservación de alimentos para el ganado (como los ensilados, henificados y concentrados artesanales), además de mejorar la preparación de fertilizantes con insumos locales y establecimiento de bancos de semillas.
- Por último, se recomienda aumentar las transferencias de dinero a las personas más vulnerables, tanto en el campo como en la ciudad. Esta idea buscaría contrarrestar el impacto de los aumentos esperados en los precios de los alimentos y de esta forma mejorar los índices de seguridad alimentaria.